- Acciones judiciales en caso Gerardi y contra Ríos Montt
Edin Hernández (AFP)
GUATEMALA.- La condena de tres militares por el asesinato del obispo Juan Gerardi, hace tres años, y la apertura de una investigación judicial contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, sindicado de genocidio, ha hecho renacer en Guatemala la esperanza de acabar con décadas de impunidad.
Hace una semana, en un fallo calificado de “histórico” por diversos sectores, el Tribunal Tercero de Sentencia impuso penas de 30 años de cárcel a tres militares y de 20 años a un sacerdote, por el brutal asesinato a golpes de Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998.
También el tribunal ordenó abrir proceso penal contra altos mandos del otrora temible Estado Mayor Presidencial (EMP), al considerar que existen sospechas de que sus integrantes hubiesen conocido el crimen o incluso colaborado con sus autores directos.
Por su parte, el martes, el Juez Segundo de Primera Instancia, Marco Posadas, ordenó a la Fiscalía investigar una querella de indígenas contra el presidente del Congreso, general (r) Efraín Ríos Montt, para determinar si procede iniciarle antejuicio por el delito de genocidio.
Ríos Montt y otros cuatro miembros del alto mando militar durante su régimen de facto (1982-83) son acusados de haber cometido al menos 11 masacres en las que murieron más de 1,400 indígenas, explicó Posadas a la AFP.
El presidente Alfonso Portillo calificó de “histórico” el fallo sobre el caso Gerardi, “porque por primera vez la justicia dicta una sentencia señalando un crimen político”.
“La resolución del tribunal sienta un precedente de gran significado para la búsqueda de la justicia en Guatemala. Por primera vez, se sentencia a militares por su responsabilidad en la comisión del delito de ejecución extrajudicial”, comentó por su parte la Premio Nobel de la Paz 1992, la dirigente indígena Rigoberta Menchú.
El presidente del Colegio de Abogados, Mario Chávez, dijo a la AFP que en el caso Gerardi “la justicia va respondiendo a su deber de investigar y administrar justicia. Para la población es una novedad, porque hasta ahora, en un caso tan complicado, no obstante las presiones, el tribunal dictó su fallo, entendemos, de conformidad con la ley”.
Chávez dijo que la investigación contra Ríos Montt “aún no significa nada, salvo el esfuerzo de la denuncia”, aunque advirtió que “el futuro de ese caso sí puede ser detonante en favor de aplicar la justicia (…) y castigar a los responsables de violar los Derechos Humanos”.
Sin embargo, el activista humanitario Miguel Sandoval se muestra escéptico “porque vemos luces y sombras. Se trata de pasos en dirección a retomar confianza en la justicia, aunque simultáneamente hay casos donde se dan retrocesos”.