- Fuga y persecución de 78 reos provoca fuerte reacción de autoridades
- Activistas de la sociedad civil desaprueban y sugieren segundas intenciones tras la medida
Edin HernándezAFP
GUATEMALA.— El decreto de un estado de alarma en Guatemala, que restringe por 30 días garantías constitucionales, tras la fuga el domingo de 78 reos de alta peligrosidad de una cárcel del sur del país, desató temores y una ola de críticas.
La declaratoria del estado de alarma se produce en momentos en que el gobierno del presidente Alfonso Portillo enfrenta una fuerte oposición política, social y empresarial a un pretendido aumento de impuestos, por su falta de éxito en reactivar la economía y por denuncias de graves problemas de corrupción.
Grupos humanitarios y el presidente del Colegio de Abogados, Mario Chávez, rechazaron la restricción de varias garantías constitucionales por considerarla innecesaria para recapturar a los prófugos, y pidieron la renuncia del ministro de Gobernación (Interior), Byron Barrientos.
LAS GARANTÍAS SUSPENDIDAS
Las cuatro garantías suspendidas son: el artículo 5, sobre la libertad de acción; artículo 6, sobre detención legal; artículo 9, sobre interrogatorio de jueces a detenidos o presos; y el 26, sobre libertad de locomoción, de movilizarse, y para ingresar o salir del país, dijo este martes en rueda de prensa el secretario general de la Presidencia, Luis Mijangos.
El decreto, emitido la noche del lunes en Consejo de Ministros, deberá ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo no mayor de tres días pero ya entró en vigencia a partir de este martes, precisó Mijangos.
Teóricamente, la medida pretende otorgar libertad a las fuerzas de seguridad para detener en forma inmediata a los reos fugados de la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Escuintla, 45 km al sur de la capital.
Barrientos aseguró que fueron 78 los fugados, entre ellos 14 sentenciados a la pena de muerte por los delitos de asesinato, plagio o secuestro, y una veintena, con penas de 50 años de prisión por esos mismos crímenes, así como por narcotráfico y asaltos bancarios.
Las críticas contra Barrientos arreciaron este martes al producirse otro asalto armado a un vehículo blindado de transporte de valores en una céntrica calle capitalina, que dejó el saldo de un guarda herido y un asaltante detenido.
“Es un absoluto despropósito, no se puede castigar a toda la población por la incompetencia del ministro de Gobernación y de las autoridades de presidios”, dijo a la AFP el líder del Movimiento Ciudadano por la Democracia y la Justicia, Miguel Sandoval.
“Pretextar la fuga es una idea descabellada, sin sentido, salvo que tenga otro propósito desconocido. Te pueden meter preso por cualquier cosa, te pueden registrar. Es un mal mensaje para la ciudadanía”, lamentó el activista.
ACTIVISTAS CIVILES OPUESTOS A MEDIDA
Miguel Albizures, de Alianza contra la Impunidad, manifestó su temor de que “se puedan dar abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que éste sea sólo un primer paso para afectar otras garantías”.
El director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, expresó el temor de que las fuerzas de seguridad se aprovechen para hostigar a organizaciones que rechazan las medidas económicas antipopulares que impulsa el presidente Alfonso Portillo.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Mario Chávez, calificó la medida “como un mensaje negativo para todo el mundo” y criticó al ministro Barrientos por pedir apoyo a la población para recapturar a los prófugos “cuando él ha sido incapaz de garantizar la seguridad”.
La cúpula empresarial de Guatemala calificó como un “grave golpe a la institucionalidad, la legalidad y la autoridad en el país” la fuga masiva y pidió la renuncia del ministro de Gobernación y de otros funcionarios.