- MARENA
asegura que precaristas han salido voluntariamente, pero reportes desde Río San Juan informan lo contrario
Mariela Ocón Rodríguez y Tania Jiménez [email protected]
A partir de ayer inició el desalojo de aproximadamente 80 familias que se encontraban asentadas en la Reserva Indio Maíz, las cuales llegaron al área protegida procedentes de Nueva Guinea y lugares aledaños, informó Roberto Stadthagen, ministro del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
El desalojo, previsto a durar aproximadamente un mes, se realiza con el fin de continuar con los proyectos de desarrollo autosostenible que se ejecutan con fondos de la Agencia Danesa para el Desarrollo (Danida), los cuales durarán hasta el 2002.
Stadthagen aseguró que hasta la fecha ya se ha logrado reubicar a algunas familias que han optado por irse de forma voluntaria, y afirmó que no conocía el dato exacto de las personas desalojadas.
¿SIN VIOLENCIA?
El traslado previsto para realizarse durante un mes, se llevará a cabo con ayuda de los miembros de la Policía Nacional.
“Nosotros tenemos un compromiso con los pobladores de brindarles asistencia médica y todas las condiciones higiénicas una vez que sean desalojados”, expresó el titular del Marena.
Aseguró que en ningún momento utilizarán la fuerza para desalojar a las familias asentadas, “ocuparemos el convencimiento para que esta gente abandone el lugar de forma pacífica”, expresó.
PRECARISTAS: SALDREMOS MUERTOS
Pero, el intento de mediar por parte de las autoridades de gobierno para propiciar una salida sin violencia, se vino abajo, y 140 efectivos del Ejército comenzaron a patrullar el área.
Los líderes de las comunidades de “Samaria”, “Agua Zarca” y “La Danta” se negaron, una vez más, a acatar la disposición de la judicial de que desalojen el área, a pesar de que su plazo ya había expirado desde el 7 de junio.
“La sentencia ya es cosa juzgada y de ineludible cumplimiento, puesto que se agotaron las otras vías, como el trámite de mediación. Si oponen resistencia pueden cometer los delitos de desacato a la autoridad y apología para delinquir”, indicó en Río San Juan el Procurador Regional del Ambiente, José Luis García.
Aunque el desalojo es un hecho irrevocable, las autoridades depositaban sus esperanzas en la propuesta de salida voluntaria y pacífica del área.
Sin embargo, los precaristas se oponen a salir de las posesiones del Estado, que tienen por propias, porque es donde han hecho sus solares y cosechado sus parcelas aun a sabiendas de que los suelos que ocupan no tienen vocación agrícola y no les pertenecen.
En los campesinos asentados en la Reserva se observó un profundo descontento porque el gobierno no ha atendido sus demandas de tierras para cultivar.
“El mensaje de la comunidad es que de aquí sólo vamos a salir muertos, lo preferimos a que nuestros hijos mueran de hambre por las calles”, expresó uno de los campesinos.
EL NEGOCIO DE LAS TIERRAS
Las autoridades de gobierno trataron de explicarles que no se discutirían temas de propiedad porque no son de la competencia del MARENA, ni están facultados para reasentarlos o reubicarlos en otras propiedades.
Sin embargo, la presión durante toda la reunión fue la grita por tierras para cultivar, y es difícil, a simple vista, dilucidar entre el campesinado, quienes tienen sólo esa parcela de la cual se les desalojará en las próximas horas, y quienes han vivido del negocio de las asignaciones de tierras.
“No va a haber ningún tipo de negociación, ni reubicación, ni promesas de tierras, muchos de estos precaristas ya han sido titulados, y es como sentar un precedente y decirles que vengan a resolver sus problemas de tierras en las áreas protegidas de Nicaragua”, afirmó Iván Ortega, director de la Reserva de la Biosfera.