La más reciente encuesta de CID-Gallup, efectuada entre el 16 y el 26 de junio pasado, formuló las siguientes preguntas: “¿Cuál es el problema principal que tiene nuestro país en la actualidad?”, y “¿cuál es el problema principal de la comunidad aquí donde vive?”. La falta de empleos fue identificada por los encuestados como el principal problema; un 51 por ciento opinó así a nivel de país, y un 35 por ciento lo hizo a nivel de comunidad.
En un segundo lugar muy distante, y sólo a nivel de país, un 23 por ciento de la gente identificó la corrupción gubernamental como el problema principal. A nivel de comunidad la corrupción en el gobierno ni siquiera se menciona como problema. En tercer lugar, un 10 por ciento a nivel de país considera el costo de la vida como el principal problema (a nivel de comunidad no se menciona), y en cuarto lugar, un 5 por ciento a nivel de país identifica como tal el crimen, la violencia y la falta de seguridad. Sin embargo, a nivel de comunidad, un 16 por ciento, considera esto último como el principal problema. Asimismo, a nivel de comunidad, la falta de educación, la pobreza y el abandono ocupan el tercer lugar con un 13 por ciento.
Es evidente, entonces, que a nivel nacional, la mayoría de los nicaragüenses considera la falta de empleos como el problema principal. Eso puede ser interpretado también como que lo que la mayoría de la ciudadanía espera del próximo gobierno es que haga algo para generar más empleos. La pregunta que resulta de esa expectativa es: ¿cómo puede un gobierno crear esos trabajos que la gente quiere y necesita?
Sabemos que para que haya empleos tiene primero que haber inversión, y ésta puede ser pública o privada. Inversión pública es aquélla que hace el gobierno en la construcción de obras públicas como carreteras, puentes, hospitales, escuelas, etcétera. Para hacer esas obras el gobierno utiliza parte de nuestros impuestos, pero sobre todo, utiliza préstamos y donaciones de otros países. La capacidad de endeudamiento externo del país es muy limitada, a como también lo es la capacidad de poner más impuestos, y, por consiguiente, la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo a través de la inversión pública es prácticamente nula.
¿Qué es entonces lo que puede el gobierno hacer para que la oferta de empleos se aumente considerablemente? La verdad es que muy poco de manera directa. Pero sólo de forma directa, porque, indirectamente, es muchísimo lo que puede hacer, siendo lo más importante un comportamiento que le dé confianza a los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Eso implica un funcionamiento transparente de las dependencias del Poder Ejecutivo, y un funcionamiento honesto e imparcial del Poder Judicial en todos sus niveles.
El respeto incondicional a la propiedad es fundamental. Ese respeto es la columna vertebral sobre la cual descansa cualquier decisión de inversión de parte del sector privado. Si los inversionistas perciben que los derechos de propiedad son endebles, o que están amenazados por políticas económicas populistas, no hay poder en el mundo que pueda persuadir a los inversionistas a arriesgar su capital. Las reglas del juego deben ser claras, parejas y estables.
De ahí que el gobierno más comprometido con el respeto a los derechos de propiedad y con la libertad individual para emprender y crear empresas, sería sin duda alguna el que estaría en mejor posición para contribuir a la creación de empleos. Pero la dirección que tome un gobierno en materia económica estará fuertemente influenciada por la persona que lo presida, y por esa razón el electorado debe evaluar a los candidatos a la Presidencia basándose no sólo en las promesas a futuro que ellos hagan, sino, sobre todo, basándose en los que todos y cada uno de ellos hizo en el pasado. Si bien es cierto que es posible que una persona cambie su comportamiento en el futuro, no por eso deja de ser importante que el electorado esté enterado de lo que esa persona hizo en el pasado, para, al menos, poder tomar una decisión más racional e informada.