Emilio Álvarez Montalván*
Se entiende por globalización aquellas medidas de aplicación universal destinadas a corregir situaciones que de alguna manera afectan el orden y equilibrio mundiales. Ese empeño solidario incluye, tanto la corrección de graves desajustes financieros, auxilio por catástrofes naturales, cuido de una sana ecología, como el castigo de delitos de lesa humanidad. No obstante, han surgido críticas contra la globalización, acusándola de egoísmo, al empeñarse en solucionar problemas macro económicos-financieros con medidas que repercuten negativamente en los sectores sociales débiles.
En cuanto a los crímenes perseguidos a nivel planetario, se incluye: terrorismo, narcotráfico, corrupción funcionaria, genocidio, lavado de dinero, etc. Tal actitud persecutoria de delincuentes a nivel mundial incluye la colaboración de Interpol, FBI y otras agencias, lo mismo que la extradición de los culpables para ser juzgados y sentenciados por la justicia. Esa mundialización se supone su aplicación pareja sin distinguir entre procesados de países débiles o poderosos.
Son ejemplos de globalización en el campo del genocidio: 1) el caso de los dos libios extraditados de su país para llevarlos al Tribual Penal Internacional, acusados de hacer explotar en pleno vuelo a un avión repleto de pasajeros, 2) la invasión de fuerzas norteamericanas para capturar y sentenciar al narcotraficante internacional, Noriega, 3) retención de Augusto Pinochet en Londres, atendiendo orden del juez español Garzón, 4) entrega la semana pasada de Slobodan Milosevic para ser procesado por las matanzas que ordenó en Kosovo, a pesar de que la Constitución de la Federación yugoeslava prohíbe la extradición de nacionales, 5) extradición solicitada por un juez europeo, del militar argentino Azis, acusado del asesinato de varios ciudadanos italianos.
Recordamos esos casos para referirnos al ex presidente Alberto Fujimori, fugitivo en territorio japonés, a pesar de estar acusado de matanzas de disidentes, torturas de prisioneros, lavado de dólares, etc. cometidos en contubernio con su compinche Vladimiro Montesinos. No obstante, el gobierno japonés se niega a regresarlo, alegando que Fujimori es ciudadano de ese país y la Constitución prohíbe entregar a nacionales. Esa posición sólo se explica porque el gobierno nipón espera mayores pruebas contra su asilado, aunque algunos sospechan que el gabinete japonés se resiste a transferirlo por estar agradecido con el ex gobernante peruano, porque un Comando especial rescató en Lima sanos y salvos de los terroristas, a su Embajador e invitados.
Sin embargo, la reciente captura de Vladimiro Montesinos con la cooperación de Venezuela aportará pruebas contundentes contra Fujimori, autor de actos genocidas. En tal caso, la opinión pública internacional esperaría su devolución a la justicia peruana. La alternativa es que un tribunal internacional aclare la nacionalidad del ex presidente, quien siempre fue considerado ciudadano del país andino.
Por lo demás, las violentas protestas callejeras (ahora en Salzburgo) contra la globalización, se encenderían más si Alberto Fujimori permaneciese impune. Además, se esperaría que los países subdesarrollados acusados de tolerantes con sus funcionarios corruptos, tengan oportunidad de rectificar. En caso contrario, estaríamos en presencia de un doble estándar internacional en la penalización de genocidas.
* El autor es analista político