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Los candidatos a la presidencia de Nicaragua respaldaron con su firma los principios de la Declaración de Chapultepec, sobre la libertad de expresión y de prensa, un compromiso importante para el futuro del país que, de hecho, será un reto difícil por el autoritarismo de la cultura política nacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que adoptó la Declaración de Chapultepec el once de marzo de 1994, hizo un análisis del cumplimiento de los diez principios de esa proclama en Nicaragua, y llegó a la conclusión de que sólo dos han sido acatados.
Uno es la garantía constitucional de que la libertad de expresión y de prensa es un derecho inalienable del pueblo, y, el otro, el derecho de toda persona a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, tal como establece la Constitución nicaragüense.
Sin embargo, Nicaragua incumple uno de los principios claves para que haya libre expresión y de prensa: El deber de las autoridades de poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información del sector público.
Del acceso de la población a esa información del Estado, depende la transparencia de la administración pública o la impunidad de los actos de corrupción que se ocultan cuando las autoridades deciden cerrar las puertas a los periodistas o a los ciudadanos que piden una explicación sobre hechos o decisiones que les afectan de forma directa.
Hace meses una mujer murió por negligencia médica en un hospital capitalino, a donde llegó a dar a luz, pero las autoridades del Ministerio de Salud le ocultaron a su esposo el informe de la comisión que investigó el caso. Los periodistas de LA PRENSA quisimos tener acceso al expediente y también nos fue negado.
En esas circunstancias, cuando las autoridades intentan tapar abusos con su poder, la información verdadera y oportuna puede permitir a los ciudadanos recurrir a sus derechos y exigir justicia.
Un grupo de periodistas presentó en 1999 un Proyecto de Ley de Acceso Ciudadano a los Documentos Públicos, pero hasta hoy los diputados lo han ignorado, quizás porque es inconveniente para el estilo de gobernar de los partidos políticos nicaragüenses.
La propuesta dice en su artículo primero que “toda persona tiene derecho a consultar los documentos que se guarden, conserven o estén archivados en las oficinas del Estado, y a que se les extienda copia de ellos a su costo”.
Excluyen los expedientes de salud de personas vivas, expedientes bancarios de personas naturales y jurídicas, proyectos de sentencia judicial, informes de inteligencia y pesquisas de la Policía en casos inconclusos.
Los gobiernos, central y municipales, tendrían que mostrar el manejo de sus presupuestos y los contratos que suscriben, por ejemplo.
Para lograrlo, sólo falta que el candidato que gane las elecciones de noviembre asuma el desafío de gobernar con transparencia.