Karla Marenco L*[email protected]
El control del lavado de dinero es un tema que causa escozor a los funcionarios públicos de las instituciones que deberían estar abocadas a esta tarea en aras de la sanidad del Sistema Financiero Nacional y de la protección a la economía nacional.
Los representantes de los sectores privados no se quedan por fuera. Ellos también esconden un poco de temor cuando se les toca el punto porque tienen miedo de ser visualizados, y expresan que si las instituciones que deberían estar encima del tema no hacen ni dicen nada, menos ellos que tienen intereses económicos que proteger.
Desde abril de 1999 fue aprobada una reforma y adición a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas, en la que se incorporaron regulaciones sobre el lavado de dinero, y es inconcebible que la Comisión de Análisis Financiero, cuya función es analizar, detectar y prevenir el lavado, aún está en veremos.
Da la impresión de que las instituciones del gobierno incurren en la omisión al no actuar preventivamente contra este tipo de delito del crimen organizado. La sensación que se percibe es que ignoran que el lavado afecta la micro y macro economía de un país, debilita la integridad de los mercados financieros, corrompe las estructuras del gobierno y se constituye en un riesgo para el país que, de por sí, ya tiene una reputación deplorable.
La Procuraduría General de la República debería ser beligerante en este asunto, así como la banca privada y demás sectores financieros, la Superintendencia y el Banco Central. El Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas ya tiene las propuestas de los miembros que deben integrar dicha instancia, pero, sencillamente, están engavetadas, seguro bajo algunos intereses políticos.
Aunque éste es un tema que trasciende intereses partidarios, no he visto en las propuestas de gobierno algo que indique que arremeterán duro contra el crimen organizado, tomando en cuenta que somos una ruta del narcotráfico y que para Estados Unidos prestamos las condiciones para ser también una ruta del lavado de dinero.
Es un asunto tan delicado y serio para el país, que todos los actores políticos, sociales y económicos deben estar trabajando en función de evitar consecuencias graves en el futuro, e impedir que nuestra golpeada nación se convierta en paraíso fiscal o un guardador de tesoro sucio de grupos criminales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calculado la magnitud del lavado de dinero entre un 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo.
Países que el año pasado fueron parte de la “lista negra” dieron el grito al cielo, pues no es nada conveniente tener un nación señalada como un país cooperador del lavado.
Por fortuna no estamos en esa lista negra, pero tenemos regulaciones débiles e incompletas y funcionarios temerosos de aplicar las leyes, lo cual podría contribuir a que Nicaragua sea una “paraíso fiscal”. Eso no se debe permitir, y es el momento de impulsar una aplicación fuerte de la legislación contra el crimen organizado.
*Periodista