- Tras huir de Nicaragua en 1985, el ex teniente Alvaro Baldizón Avilés, investigador, rindió testimonios reveladores sobre abusos contra los Derechos Humanos por parte de autoridades sandinistas
Roberto Fonseca L. [email protected]
El sábado 27 de junio de 1981, con los últimos rayos solares, se produjo un amotinamiento en la cárcel de la Zona Franca, denominada “Héroes y Mártires de Nueva Guinea”. Según un comunicado oficial de ese entonces, del Ministerio del Interior (MINT), la rebelión carcelaria duró tres horas, intervinieron tropas especiales y dejó un saldo trágico entre los reclusos de 15 muertos y 29 heridos.
Sin embargo, curiosamente, sólo se reportó un lesionado por parte de las Fuerzas Armadas Sandinistas que intervinieron, pese a que el comunicado del MINT se refería a “nutridos intercambios de disparos”, entre el grupo de “sediciosos” –como los llamó– y las tropas de asalto. Al herido lo identificaron como Juan Francisco Martínez.
“Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional de inmediato han comenzado a realizar una profunda investigación”, agregó el comunicado oficial, a través de una comisión conformada en su totalidad por oficiales de la institución armada.
Cualquier información relacionada con esos sucesos, agregaba el comunicado, debía “corroborarse previamente” con el MINT, presidido en ese entonces por Tomás Borge, actual candidato a diputado por el Frente Sandinista.
El informe de la comisión investigadora se dio a conocer el 2 de julio de 1981, concluyendo que un grupo de prisioneros comunes y de Contras, tomaron como rehenes a varios custodios penitenciarios y se apoderaron de sus fusiles de guerra M-16 (de manufactura norteamericana), atrincherándose posteriormente detrás de los rehenes. Hasta que intervinieron las tropas especiales a las 20:30 horas y retomaron el control.
La Auditoría Militar, según el comunicado final, se encargaría de determinar la responsabilidad de los participantes militares. Según documentos desclasificados por Estados Unidos, referidos a ese entonces, la Auditoría Militar estaba a cargo del capitán Montealegre.
CIDH RECIBE OTRA VERSIÓN
Al pie de la página 38, del “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Nicaragua”, presentado en junio de 1981, se incluyó una breve referencia a los hechos violentos ocurridos en la cárcel de la Zona Franca.
“La Comisión, después de concluida la discusión del presente documento, pero antes de su aprobación definitiva, tuvo conocimiento que en la noche del sábado 27 y en la madrugada del domingo 28 de junio de 1981, soldados sandinistas dieron muerte a 16 prisioneros de la prisión “Héroes y Mártires de Nueva Guinea”, cerca de Managua, al reprimir un motín carcelario. La Comisión se encuentra investigando esos hechos, de conformidad con su Reglamento”.
Posteriormente, en el Informe Anual de la CIDH 1981-1982, dado a conocer en septiembre de 1982, se recogió la información oficial del gobierno sandinista sobre los incidentes en la cárcel de la Zona Franca.
“La Comisión recibió del Gobierno de Nicaragua el resultado de las investigaciones –las que habían sido solicitadas por la Comisión– acerca de la muerte de 16 prisioneros la noche del 27 y la madrugada del 28 de junio de 1981 en la cárcel “Héroes y Mártires de Nueva Guinea”, en Managua”, dice el Informe Anual 1981-1982.
“De acuerdo con lo informado por el Gobierno: “Las autoridades trataron en todo momento de persuadir a los alzados a que depusieran las armas. Afanosamente buscó cómo negociar, para evitar un desenlace fatal. Ante su renuencia, trató entonces de salvar al resto de los prisioneros invitándolos a salir de las cárceles. Debido a que los reclusos decidieron salir para no ser heridos, lo que motivó a que los alzados los trataran de contener y, al no conseguirlo, abrieron fuego, ocasionándoles la muerte a los reos. Es así que al tornarse insostenible la situación, y ante su desprecio al respeto de la vida de los demás reclusos, las autoridades decidieron montar un operativo con sus tropas especiales y evitar mayores desgracias”.
Sin embargo, este caso continúa bajo la consideración de la Comisión, agregaron.
DESERTOR ARROJA NUEVOS DATOS
En febrero de 1986, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos sacó a luz pública un documento titulado “Dentro del Régimen Sandinista: El Punto de Vista de un Investigador Especial”, que contenía testimonios y pruebas documentales aportadas por el ex teniente del MINT, Alvaro Baldizón Avilés, quien desertó un año atrás.
Baldizón Avilés, según el documento, desertó el primero de julio de 1985, al cruzar a escondidas la frontera hondureña, después de colaborar con el MINT durante más de cinco años y de ser militante activo del FSLN. En su calidad de Investigador en Jefe de una Comisión Especial de Investigaciones del MINT, conformada en 1982, tuvo acceso a “información privilegiada” sobre abusos contra prisioneros.
En el citado informe norteamericano, bajo el subtítulo de “Falsa Clemencia”, está planteada una versión muy distinta sobre los hechos acaecidos en la cárcel de la Zona Franca, en Managua, en junio de 1981.
“A mediados de 1981, ocho prisioneros de la penitenciaría de la Zona Franca desarmaron a tres guardias penales y provocaron una insurrección en uno de los edificios de la prisión. Después de varias horas de fuego cruzado entre los guardias y prisioneros, Borge convenció a estos últimos de que entregaran sus armas y se rindieran, prometiéndoles que sus vidas no peligrarían”, dijo el ex teniente Baldizón Avilés en su testimonio.
“En cuanto los prisioneros estuvieron de regreso en sus celdas, Borge ordenó la ejecución de los ocho que habían iniciado el motín. El teniente Raúl Castro González, de la DGSE, condujo a los hombres a la parte trasera de uno de los bloques de la prisión y los ametralló en presencia de Borge y de Humberto Ortega Saavedra, Ministro de Defensa”, agregó.
“Posteriormente, el Ministro del Interior publicó un comunicado oficial en el que informaba que los prisioneros habían perdido la vida durante el motín”, concluyó Baldizón Avilés, quien presuntamente murió envenenado en Los Ángeles, en 1988, en circunstancias muy misteriosas.
CIDH INTERESADA EN OTROS CASOS
Ese no era el único caso que interesaba e investigaba la CIDH. También estaban las denuncias documentadas sobre ejecuciones extrajudiciales en la cárcel “La Pólvora”, en Granada, en los días posteriores al 19 de julio de 1979. Estas acusaciones fueron retomadas por una Comisión Especial que permaneció en Nicaragua –en una visita in loco–del 6 al 11 de octubre de 1980.
El 8 de octubre, precisamente, los integrantes de esa Comisión Especial se dividieron en tres grupos y visitaron varios centros de detención, entre los que se incluyó la cárcel de “La Pólvora”, de Granada, denominada “Luis Henríquez Largaespada”, que según los familiares de las víctimas, dirigía Marvin González Ruiz, cuyo seudónimo era “Wilmer”.
“La información recibida alegaba que un número no determinado de presos fueron sacados de la cárcel, ejecutados y enterrados en fosas comunes”, refiere el informe sobre la visita in loco a Nicaragua, en octubre de 1980.
Familiares de un total de 24 desaparecidos de “La Pólvora” firmaron una carta solicitando a la CIDH la investigación pertinente y, por su parte, la propia Comisión Especial recepcionó en esa oportunidad otros seis nombres de desaparecidos.
“Particularmente, en lo que concierne al derecho a la vida, preocupan a la Comisión las ejecuciones ilegales y, dentro de ellas, las de los prisioneros que tuvieron lugar en la cárcel ‘La Pólvora’ de la ciudad de Granada a fines de julio de 1979. La Comisión, si bien ha recibido informaciones de que esos hechos están siendo investigados, no ha tenido conocimiento de que los responsables hayan sido sancionados”, señaló en su oportunidad.
Posteriormente, en el Informe Anual 1981-1982 de la CIDH, la Comisión volvió a expresar su decepción. “En lo que respecta al derecho a la vida y específicamente a las ejecuciones que tuvieron lugar en la cárcel “La Pólvora” de Granada, poco tiempo después del triunfo revolucionario, la Comisión recomendó en su Informe que se realicen las correspondientes investigaciones, sometiendo a proceso y castigando, con todo el rigor de la ley, a aquellos que resulten responsables”, citó.
“El Gobierno de Nicaragua, no obstante que en sus observaciones y comentarios al Informe de la CIDH, señaló que la Corte Suprema de Justicia había ordenado al Juzgado instructor que continuara investigando e informara ese hecho a ese alto tribunal sobre los resultados, hasta la fecha, no ha informado a la Comisión ni del desarrollo ni del resultado de ese proceso”, añadió.
Otros casos, tiempo después, ocuparon la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).