¿Irresponsabilidad jurídica?

Gerardo Rodríguez Olivas

El ínclito doctor emilio alvarez montalván, en su artículo “La asonada jurídica del Frente Sandinista” publicado el 7 de diciembre, señala que la Sala Segunda del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó “irresponsablemente la suspensión del acto”, refiriéndose a la decisión tomada por esta sala de la cual soy miembro, de suspender los efectos derivados de la proclamación de electos que aún no han sido consumados. En sentido similar se pronuncia el Editorial de LA PRENSA del mismo día, pero añadiendo el calificativo de “sandinistas” (por mandato de la ley, estamos impedidos de participar en actividades partidarias o hacer proselitismo político), a los dos magistrados que nos pronunciamos a favor de la tramitación del recurso y la mencionada suspensión.

Acojo en su totalidad el Editorial en que nuestra resolución es política, pero veamos un poco más a fondo el asunto. Para nadie es un secreto, que el conflicto surgido en el seno del Consejo Supremo Electoral es de naturaleza política, que es una cuestión de poder. Ahora bien, el conflicto del quórum, no resuelto en la instancia en que debió serlo, se traslada al seno del aparato judicial, el que, con las leyes existentes, tiene que fallar de determinada manera. Sea cuál sea el fallo que se adopte, favorece a unos y desfavorece a otros. Ergo, diga lo que se diga, gustará a unos y disgustará a otros. ¿Es nuestra la culpa, de que los “políticos” no se hayan puesto de acuerdo, como todo el mundo lo exigía y hayamos tenido que fallar jurídicamente el conflicto político? Nosotros cumplimos nuestra obligación de fallar. Hasta allí llega nuestra responsabilidad.

Ubicándose ahora en el plano estrictamente jurídico, vemos el asunto de si es “obvio que el recurso de amparo de los sandinistas y la orden del Tribunal de Apelaciones de Managua son improcedentes” como se editorializa. Esto es el núcleo o parte toral del tema. Está totalmente claro, y así lo expresamos en nuestra resolución, que en materia electoral, no cabe ningún tipo de recurso. Pero aclaremos, lo que el Tribunal conoció no fue de ninguna impugnación de resultados electorales, sino de si estaba o no válidamente constituido el órgano colegiado —C.S.E.— al momento de tomar su resolución. En materia de derecho administrativo, existen los actos administrativos preparatorios y los actos finales. La constitución del órgano para dictar el acto administrativo es un acto preparatorio, el resultado, es un acto final. Lo que los recurrentes atacaban era precisamente el acto preparatorio, el quórum, y nuestro fallo fue exclusivamente en ese sentido. Jamás —y no lo podíamos hacer— hemos tocado el resultado electoral, pues sencillamente lo que dijimos fue: señores, en apariencia no hubo quórum (eso le toca decidirlo a la Corte Suprema), por tanto tramítese el recurso.

De este asunto, cabe hacer unas reflexiones finales: por un lado se dice que el Poder Judicial está politizado. Creo que en materia constitucional, no existe tribunal del mundo que no lo esté, pues la justicia constitucional es por esencia y naturaleza, justicia política. Por otro lado, aprecio que la sociedad política, que antes se trenzaba en cruentas guerras para dirimir sus discordias, ve ahora en el Poder Judicial, la vía sana y legal, para hacerlo. Eso es muy valioso, pues estamos aprendiendo a resolver los conflictos, civilizadamente. Claro, aquí en alguna medida, los jueces y magistrados nos convertimos en los “chicos malos” para unos y los “chicos buenos” para otros, según sea el cristal con el que se quiera ver las cosas.

Es por ello, que le expresaba al egregio jurista, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Escobar Fornos, que más que una “politización de la justicia”, lo que a mi criterio ocurre, es que se ha “judicializado la política”, en el sentido del traslado que ocurre de los “expedientes políticos” a la administración de justicia, materia en la cual los jueces asumimos nuevos roles en relación a la tradicional cultura judicial: como héroes o como villanos, nos exponemos cada vez más a la censura o al halago, pues hemos asumido un protagonismo político que ha llegado a niveles tales, como el de declarar presidente a un candidato, como ocurrió en los Estados Unidos recientemente. En este nuevo rol, la sociedad civil debe acompañarnos, no para el descrédito o la desconfianza, sino para vigorizar una sacra institución, la justicia, que vamos queriendo todos los días hacerla más transparente y eficaz.

A nadie se le puede coartar su derecho de utilizar los mecanismos legales que la ley establece, para hacer valer sus derechos, no es eso precisamente un Estado de Derecho, es decir, un Estado en donde todos los ciudadanos, independiente de su ideología, credo religioso o procedencia social, deben tener la oportunidad de acceder a que sus instituciones les resuelvan, mediante la ley, sus pretensiones. La tarea es ardua, quizás un poco ingrata pues nunca nuestros fallos favorecerán a todas las partes, pero muy enaltecedora, pues vamos sentando las bases de una nueva cultura político–jurídica de orden, legalidad y convivencia pacífica. Hacia allí nos debemos apuntar todos.

El autor es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua.  

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: