Miguel Soto [email protected]
En el artículo “policía se organiza contra corrupción”, publicado por LA PRENSA el 19 de enero, se reporta que “La Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional tiene la facultad de investigar todos los delitos que dentro del orden económico se contemplan dentro del Código Penal vigente, entre ellos, el peculado, defraudación fiscal, fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y todos aquellos delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio”.
La interpretación de “prevención… del delito…” dentro del orden económico, implica necesariamente investigaciones pro-activas o pre-factum de las actividades de los funcionarios públicos. Estas actividades preventivas podrían interpretarse como espionaje político; especialmente en Nicaragua, donde los intereses políticos personales son predominantes. Además, si ésas se aplican al sector privado y a la sociedad civil, se coarta la libertad de acción y el derecho a la privacidad.
La Constitución dice (Arto. 95): “se prohíbe a (…) la Policía (…) ejercer actividades de espionaje político. La Policía Nacional es un cuerpo profesional armado, de naturaleza civil, apolítica, dirigida por el Presidente de la República para garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás señalados por la ley, asimismo actuar como auxiliar al Poder Judicial”.
Aquí en Nicaragua, donde se dan los abusos de autoridad, la manipulación de procesos jurídicos, la ley del cacique, etc., no se concibe aún una Policía apartidista y apolítica. Es peligroso para el gobierno darle facultades extensivas políticas a una institución de naturaleza civil. El riesgo de convertirla en una GESTAPO o una poliCIA interna doblegada a los intereses de gobernantes inescrupulosos es inminente.