William Briones Loáisiga [email protected]
El decreto presidencial 5-2002 que anula las dietas en el Ejecutivo y que fue sancionado por el presidente Enrique Bolaños el pasado cinco de febrero, no obliga a los funcionarios de la Administración anterior a regresar el dinero percibido en concepto de dietas, por efecto de la no retroactividad de la ley, opinaron ayer varios juristas.
Ese decreto prohíbe el pago de dietas a los funcionarios y empleados públicos que por razón de su cargo o nombramiento, formen parte de comisiones, comités, consejos y juntas directivas de entes descentralizados, desconcentrados, autónomos o de cualquier otro órgano de la Administración Pública.
El abogado Luis Carballo Madrigal dijo que “el decreto no es retroactivo, o sea que no cubre hacia atrás sino a partir de su publicación. Al derogar el decreto 1-2002, las dietas percibidas no se ajustan al concepto del decreto nuevo”, explicó.
Dijo que legalmente no puede recuperarse ese dinero, aunque destacó que moralmente, los funcionarios deben regresarlo al Estado. “Aquí hay un aspecto de orden moral. Si se prohíbe a los empleados y funcionarios públicos recibir dietas, es porque ya tienen un salario definido, e ir a percibir dieta es un sobresalario, o sea que una persona con un cargo asignado percibe dinero por otro ingreso”, agregó.
Carballo destacó que la retroactividad está contemplada únicamente en materia penal, cuando beneficia al reo.
Alberto Saborío recordó que “la derogación surte efecto a partir de esa derogación, o sea que deroga todo el pasado. Lógicamente, todos los gobiernos tienen una ética. En un país tan pobre como el nuestro, darle dietas a una persona que ya está recibiendo un buen sueldo del Estado va reñido a esa ética que debe reinar en un país pobre”, expresó.
Destacó que los beneficiados con las dietas no están obligados a regresar el dinero, “pero de forma solidario podría hacerlo. Sin embargo, no están obligados a hacerlo”, reiteró.
Ernesto Leal, Secretario de la Presidencia de la República, para Asuntos de Integración, dijo que no debió haber salarios como ministros y dietas a la vez. “Las leyes no son de aplicación retroactiva, de manera que estamos hablando para adelante, con una nueva visión de austeridad, transparencia, no corrupción”, expresó.
Sin embargo, dijo esperar que los ex funcionarios regresen el dinero percibido en concepto de dietas. “Hay ejemplos de gente que las ha regresado y otros que las han declarado. Creo que debemos reconstruir la moralidad de los nicaragüenses”, consideró.
Este decreto derogó el decreto 1-2002 publicado por el ex presidente Arnoldo Alemán, poco antes de abandonar su gestión en el Ejecutivo, y como mecanismo de protección ante el decreto que en 1979 publicó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) que prohibía las dietas en el Estado. Dicho decreto, está vigente.