Ary Neil Pantoja [email protected]
Al parecer, la Procuraduría General de Justicia limitará sus funciones a la recepción de informes de parte de la Policía Nacional y otras instituciones como la Superintendencia de Bancos (SIB), en el caso de la quiebra del Banco Intercontinental (Interbank), pues hasta el momento no ha iniciado una investigación propiamente dicha.
El secretario ejecutivo de la Procuraduría de Justicia, doctor Fernando Gil Baca, dijo a LA PRENSA que están esperando dos informes, uno de la Policía Nacional y otro de la SIB, para luego determinar “si el Estado nicaragüense resultó o no afectado por la quiebra del Interbank”.
Agregó que de comprobarse que la “quiebra” del Interbank y quienes estén involucrados en la misma afectaron al Estado, la Procuraduría de Justicia acusará.
“En caso de que se determine que los hermanos Centeno Roque o el conglomerado de personas que llevaron a la quiebra a la institución financiera (Interbank) ocasionaron un perjuicio grave en contra del Estado (la Procuraduría) procederá con todo el rigor de la ley”, insistió Gil Baca.
COORDINANDO INVESTIGACIÓN
Gil agregó que actualmente están coordinando con las autoridades policiales, específicamente con la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), para obtener el informe solicitado. El funcionario señaló que no es suficiente decir que el Estado perdió unos 300 millones de dólares producto de la quiebra del Interbank, sino que es necesario comprobarlo.
Lo único que la Procuraduría tiene por cierto, según Gil Baca, es que el Estado nicaragüense se vio obligado a desembolsar una “gran cantidad de dinero” para respaldar los ahorros de los clientes afectados por la quiebra de la institución bancaria.
“Se perjudicó al Estado en el momento en que para poder garantizar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, tuvo que sacar dinero de sus reservas internacionales para cubrir el dinero de los ahorrantes, tras la quiebra del Interbank. Pero hay que probar eso”, insistió el secretario ejecutivo de la Procuraduría.