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Un pacto para matar al pacto

La sociedad lo demanda a gritos, el presidente Bolaños lo prometió en su campaña, y ahora hasta los mismos artífices del pacto hablan de la necesidad de liberar a Nicaragua de la partidización de los poderes del Estado, la más terrible consecuencia de los acuerdos libero-sandinistas. ¿Un pacto para matar al pacto? Consuelo Sandoval [email protected] […]

  • La sociedad lo demanda a gritos, el presidente Bolaños lo prometió en su campaña, y ahora hasta los mismos artífices del pacto hablan de la necesidad de liberar a Nicaragua de la partidización de los poderes del Estado, la
    más terrible consecuencia de los acuerdos libero-sandinistas. ¿Un pacto para matar al pacto?

Consuelo Sandoval [email protected]

La idea de desmontar el pacto libero-sandinista con el propósito de despartidizar los poderes del Estado está tomando fuerza entre todos los sectores del país. El pasado 10 de enero, cuando el presidente Enrique Bolaños leyó su discurso en el acto de toma de posesión, se comprometió a promover profundas reformas institucionales.

Algunas personalidades políticas coinciden en que no es necesario reformar la Constitución Política para abrir los espacios que se cerraron a los pequeños partidos políticos con la aplicación de la Ley Electoral.

La legislación electoral permite que los líderes de los partidos políticos existentes violenten los derechos políticos de los ciudadanos, al arrogarse el derecho de designar a discreción listas de candidatos de diputados conformadas por personas de su entera confianza, quienes al resultar electos llegan a ostentar tal grado de poder que en nombre de los nicaragüenses aprueban o rechazan leyes, préstamos, convenios internacionales y eligen a las autoridades de otros poderes del Estado e instituciones públicas.

ACUERDO NACIONAL

Para Luis Humberto Guzmán, ex Presidente de la Asamblea Nacional, la sociedad nicaragüense requiere de un debate nacional para llegar a un acuerdo político sobre la despartidización de las instituciones del Estado. Ese debate, dice, debería ser una iniciativa dirigida y organizada a lo inmediato por el gobierno que preside Enrique Bolaños con la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

El ex directivo del Poder Legislativo se opone a una nueva reforma a la Constitución, argumentando que lo que se necesita es desarrollar una cultura de obediencia a las leyes y la Carta Magna, porque siempre los nicaragüenses buscamos cómo evadir su cumplimiento.

“Creo que la actual Constitución Política de Nicaragua tiene los recursos suficientes para crear un Estado de Derecho a condición de que exista una voluntad de someterse a ella, además de aplicarla de manera indiscriminada, sin excepción y permanentemente. Esa es una condición esencial, ahora creo que la Ley Electoral tiene que ser reformada”, señaló.

Admitió que desde 1984, la legislación electoral se ha venido cambiando, no obstante, insistió en su enmienda que permita revisar el sistema de elección de los diputados que actualmente se hace en listas cerradas de candidatos y que, según él, debería modificarse para permitir mayor participación de los ciudadanos en la designación de los postulados.

Cree que debe mejorarse la relación individual entre el diputado y sus electores, que constituye el principal déficit que contiene la Ley Electoral, dado que no existe una relación personalizada, sino que es una relación colectiva y en la práctica es nula.

Opinó que uno de los mecanismos que fortalecerían la democracia en el Parlamento, sería el establecimiento de elecciones primarias obligatorias para los partidos políticos supervisadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), para la designación de candidatos a diputados.

De igual manera, agregó, se puede promover un sistema de elección que elija a una parte del total de diputados ante el Parlamento por circunscripciones y en listas uninominales y otra proporcional de los distintos sectores del país, a fin de evitar los dedazos de los líderes políticos.

“Actualmente la ley excluye con requisitos previos a la campaña, yo creo que hay que mantener un sistema que permita un número plural de los partidos pero no exagerado. Se debe discriminarlos por el resultado electoral y no por requisitos previos”, destacó.

Guzmán favorece la redacción de una ley de partidos ajena a la legislación electoral, o sea, una instancia que funcionaría como una especie de Superintendencia de las agrupaciones políticas que constituyen entidades de derecho y de interés público.

“Tienen el monopolio para presentación de candidaturas a cargos de elección popular en Nicaragua, desde el Presidente de la República, los diputados, los alcaldes, hasta llegar a los concejales, entonces se vuelve indispensable que haya una identidad que supervise cómo funcionan los partidos”, sostuvo.

RETOMAR EXPERIENCIA VIEJA

Hugo Mejía, ex presidente del desaparecido Consejo Nacional de Partidos Políticos (CNPP), se pronunció a favor de redactar una nueva Ley de Partidos Políticos que restaure la autorregulación de la actividad entre los partidos políticos con un carácter autónomo e independiente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

“No existe ningún órgano que regule la vida de los partidos políticos, muchas veces se observa que los líderes políticos colocan a gente de su confianza como candidatos a cargos de elección popular. El CNPP era una instancia que permitía el cumplimiento de los mecanismos democráticos, y si no se cumplían podían apelar ante el CSE”, manifestó.

En su opinión, la ausencia de una legislación de partidos políticos no ha favorecido el desarrollo democrático interno de todos los partidos, porque de acuerdo con su experiencia, el CNPP dio cierta garantía para que el CSE fuese un organismo imparcial, porque además era conformado por personas notables.

Explicó que esa legislación creó el CNPP y la Asamblea de Partidos Políticos, organismos que tenían independencia, y en el primero estaban representados los partidos políticos y en la segunda participaban un número mayor de sus delegados con derecho a opinar sobre el quehacer partidario.

Valoró que actualmente los partidos “designan” a sus candidatos formalmente hablando en convenciones, congresos, o consultas entre la población, sin embargo, expresó, esos mecanismos quedan sujetos a la correlación interna de las membresías, porque no están expresamente normados en materia legal, y “eso plantea una dificultad no sólo a lo interno del propio partido, sino para su reconocimiento ante la sociedad”.

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