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La aprobación de la Ley de Carrera Judicial, la participación activa de las organizaciones civiles en la presentación de candidatos a cargos de elección directa e indirecta, y el establecimiento de las elecciones uninominales de candidatos a diputados, incidirían en la despartidización de los poderes del Estado y las instituciones públicas, valoró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís.
En el primer caso, Solís expresó que la aplicación de la Ley de Carrera Judicial permitiría despartidizar en un 90 por ciento el Poder Judicial, pues implicaría que ningún funcionario judicial sería nombrado en un cargo por consideraciones políticas o de otra índole, sino que los tribunales calificadores determinrían que puede optar al puesto por su excelencia académica, especialización, desempeño y capacidad.
Recordó que el 95 por ciento de los casos son resueltos en los tribunales locales, de Distrito y de Apelaciones, en cambio, el 5 por ciento de las causas civiles y penales llegan en recursos de casación ante la Corte Suprema.
Estimó que en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrían que considerarse otros mecanismos de los establecidos en las leyes, porque sus nombramientos son constitucionales.
Reconoció que siempre podría quedar planteada la sensación de la incidencia política en la selección de los magistrados, por lo cual se pronunció a favor de la postulación de candidatos a magistrados presentados por las asociaciones de abogados y organismos de la sociedad civil.
Actualmente la mayor parte de magistrados provienen de la Asamblea Nacional, ex diputados y otros que se despeñaban como asesores legales.