Ayer —10 de febrero— se cumplió el primer mes de gobierno del presidente Enrique Bolaños. En este breve lapso hubo hechos alentadores, como la convención de inversionistas extranjeros que prometieron invertir en Nicaragua, durante los próximos años, varios centenares de millones de dólares; así como la supresión de las dietas e “indemnizaciones” millonarias, y el anuncio del monto y la escala de los sueldos y sobresueldos (“estipendios”) de los altos funcionarios públicos, que, aunque siguen siendo desproporcionados en relación con lo poco que produce el país y recauda el fisco, ya no digamos con la pobreza que sufre la mayoría de los nicaragüenses, sin embargo serán menores que los que había en el gobierno anterior. De manera que el gasto público disminuirá —según dijo el ministro de Hacienda a LA PRENSA— en más de 70 millones de córdobas (unos 5 millones de dólares) anuales.
Por otro lado, la mayor parte de las mujeres y hombres que don Enrique seleccionó para integrar su gabinete de gobierno, son personas de reconocida honestidad y capacidad. Sin embargo, el presidente Bolaños sorprendió negativamente a la ciudadanía al confirmar en sus cargos, o reubicarlos en el nuevo gobierno, a funcionarios que durante el régimen anterior estuvieron vinculados a abusos gubernamentales que fueron denunciados públicamente, como por ejemplo la utilización de recursos y maquinarias de empresas públicas en propiedades particulares del ex presidente Arnoldo Alemán. Y también causó mala impresión que el presidente Bolaños no quisiera investigar el caso del proyecto del asilo de ancianos de Managua, que fue privatizado a pesar de que se recaudaron los fondos y se obtuvo la donación de un valioso terreno en nombre del Gobierno de la República, específicamente del Despacho de la Primera Dama.
Por otro lado, la presentación solemne del presidente Bolaños ante la Asamblea Nacional, para entregar unos proyectos de ley, fue considerada por algunos observadores como una medida inteligente, a fin de facilitar la aprobación de las leyes que necesita el nuevo gobierno, y porque le permitió a Bolaños decirle corrupto en su propia cara a Alemán, aunque fuese de manera indirecta. Sin embargo, otras personas la percibieron más bien como una manera de legitimar la presidencia parlamentaria de Arnoldo Alemán, quien ocupa ilegítimamente una diputación ante la Asamblea Nacional, porque no fue electo popularmente, sino que su curul le fue regalada por el FSLN mediante el pacto libero-sandinista. Y para rematar, Bolaños designó al presidente de la Corte Suprema de Justicia —uno de los artífices del pacto libero-sandinista que subordinó el Poder Judicial a los partidos PLC y FSLN— para encabezar una comisión institucional que supuestamente va a proponer el saneamiento del Poder Judicial.
Los partidarios del presidente Bolaños dicen que esas medidas son indispensables para garantizar la gobernabilidad del país y la estabilidad del nuevo gobierno. Pero esa es la misma justificación que se dio a la legitimación de la piñata sandinista durante el gobierno de doña Violeta Chamorro; y que dio Alemán al pacto libero-sandinista que institucionalizó la corrupción y partidizó las instituciones estatales.
La democracia, como sabemos, es un sistema de gobierno que funciona por medio del diálogo, la negociación y el acuerdo, no sólo entre adversarios políticos, sino también entre los diversos sectores de un mismo partido. Pero en cualquier caso los principios éticos deben estar por encima del pragmatismo político. No se justifica hacer concesiones que atropellen los valores de la democracia y que pongan en entredicho la integridad del mismo gobernante.
Sin dudas que hay una enorme diferencia entre el presidente Bolaños y el ex presidente Alemán. Pero por eso mismo don Enrique tiene que sustentar con hechos incontrovertibles el cumplimiento de su compromiso de enfrentar la corrupción, si no para erradicarla, al menos para disminuirla y disuadirla, y por lo tanto debe estar dispuesto a enfrentarse a Alemán cuando y como sea necesario.
Por ejemplo, don Enrique debe informar públicamente en qué situación dejó el gobierno anterior todas y cada una de las dependencias, oficinas y empresas gubernamentales; sus mobiliarios, vehículos, cuentas bancarias, planillas de empleados y remuneraciones, cajas chicas, deudas y cualquier clase de compromisos económicos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todo eso y el gobierno está obligado a informarlo.