- Contralor Montenegro critica préstamo millonario del INSS a la Superintendencia de Pensiones porque compromete presupuesto
- Oscar Martín Aguado y Eduardo Montealegre deberán explicar a la CGR la legalidad del préstamo y el destino de los fondos, dice Contralor
José Adán Silva [email protected]
El contralor Luis Ángel Montenegro manifestó ayer que el préstamo de 34 millones de córdobas que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social otorgó a la Superintendencia de Bancos para abrir operaciones, pone en peligro el dinero de los jubilados y compromete el presupuesto del año 2003, “por cuanto no hay garantías de que le aprueben esa partida presupuestaria”.
Según el Contralor, bajo ningún término un ministro puede comprometer el futuro presupuesto de una institución, por cuanto nadie da garantía de que la Asamblea Nacional pueda aprobar ese desembolso, ya sea por situaciones políticas o de otra índole que no permitan la aprobación del pago de ese crédito.
La Contraloría General de la República anunció esta semana que citará al ex presidente ejecutivo del INSS, Oscar Martín Aguado y al ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, para que expliquen la legalidad del préstamo y el destino de los fondos asignados para la apertura de las oficinas de la SIP.
“Ellos deben explicarnos qué justificación jurídica tuvieron para prestar esa cantidad de dinero, comprometiendo el presupuesto general de la República para el 2003; eso tiene características muy peligrosas, ya que el INSS maneja fondos de los jubilados del país, y una operación incorrecta o mal manejada, podría trastocar los intereses de una empresa que tiene que ver con la mayoría de los nicaragüenses”, dijo Montenegro.
PRESUPUESTO NO PUEDE COMPROMETERSE
Además, dijo que le resultaba difícil que un ex ministro (Esteban Duque Estrada) comprometiera el presupuesto general de la República para los años futuros, “porque pudiera darse el caso que una Asamblea Nacional dominada por motivos políticos no autorice el desembolso de esos 34 millones de córdobas”, señaló.
“Ningún ministro puede comprometer el futuro del presupuesto general de la República, porque estamos hablando de un poder del Estado aparte, y es delicado jugar con el dinero de miles de jubilados que viven o van a vivir de esos ahorros, esa es una situación un tanto irregular que la estaremos viendo una vez que nos expliquen ellos”, dijo Montenegro.
AGUADO:»ERA UN REQUISITO»
El superintendente de Pensiones, Oscar Martín Aguado, emitió ayer un extenso comunicado donde precisa las características del préstamo de 34 millones.
Aguado cita que de acuerdo con la Ley Orgánica de la SIP, es responsabilidad del Ministerio de Hacienda garantizar los recursos para el funcionamiento, y por eso se solicitó el préstamo al INSS.
Explica que por el déficit fiscal del momento y la coyuntura social, la aprobación de la SIP era requisito para la culminación de la Iniciativa HIPC, y por eso se garantizó el préstamo.
Aguado dijo que la SIP (aún sin presupuesto) emitió un bono a favor del INSS por 34 millones, el cual fue avalado por Hacienda, quien se constituyó como fiador del INSS.
Dice que el Consejo Directivo del INSS autorizó el préstamo y que la SIP depositó los fondos mediante licitación en el Sistema Financiero Nacional, ganando intereses y con mantenimiento del valor.