- Gigantesca organización de radiodifusión en “estado de alerta” y expone caso a SIP y otras organizaciones
- Las acciones de Alemán constituyen hostigamiento y presión contra la libertad de expresión y los medios, dice AIR
William Briones Loáisiga [email protected]
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denunció ayer ante diferentes organizaciones internacionales de medios de comunicación y agencias internacionales de noticias, la campaña de intimidación del diputado Arnoldo Alemán, presidente del Parlamento, contra los medios de comunicación de Nicaragua, concretada en la denuncia contra Octavio Sacasa, dueño y gerente general del Canal 2.
AIR manifestó preocupación por la denuncia que por supuestas amenazas de muerte presentó Alemán contra Sacasa ante la Policía, “la que hizo extensiva contra todos los medios de comunicación y periodistas independientes de Nicaragua, que han venido informando sobre los actos de corrupción acontecidos durante el gobierno presidido por el denunciante”, denunció el organismo.
Agregó que “la denuncia y acciones emprendidas por el señor Alemán, invocando supuestas amenazas y complots contra su persona, constituyen una forma de hostigamiento y presión que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios de comunicación, pretendiendo coartar su derecho a informar a la ciudadanía”, agregó.
El pasado martes Alemán acudió ante la Policía Nacional para acusar a todos los medios de comunicación y especialmente al dueño del Canal 2: “El señalamiento que han manifestado formal y diario, los medios de comunicación contra mi persona, y me siento amenazado a través de estos señalamientos de los medios”, dijo el diputado, quien se basó en el comentario de terceras personas para hacer su denuncia.
La AIR, que representa a 17,000 emisoras privadas de radios y televisión en América y Europa, envió su protesta a todos sus socios; a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); World Press Freedom Committe (WPFC); International Press Institute (IPI); agencias internacionales de noticias; Consejo Directivo y al Comité Permanente de Libertad de Expresión de AIR.
POLICÍA PODRÍA ARCHIVAR LA DENUNCIA
Juristas nicaragüenses, consultados por LA PRENSA explicaron que la Policía está en un proceso prejudicial, recopilando información para determinar si la denuncia amerita la apertura de una causa judicial. En caso contrario, la denuncia queda en simple conjetura del parlamentario.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado Marlon Montano, aseguró que a Sacasa le informaron de la acusación en su contra, al momento de tomarle la declaración indagatoria, pero no le entregaron copia de ésta por tratarse de un acto meramente administrativo. Agregó que de pasar el caso a los juzgados, las partes deben recibir suficiente información, como en derecho corresponde.
Recordó que el que acusa es quien debe probar lo dicho. En el caso de Sacasa, le tomaron la declaración en busca de soporte a la misma.
En cuanto a la acusación de Alemán, que hizo extensiva a todos los medios de comunicación, dijo que están valorando la misma, porque tendrían que tomar declaración a todos los medios.
El ex juez Boanerges Ojeda comentó que de pasar el caso a los juzgados, debe cumplirse con los artículos 26 y 52 de la Constitución que garantizan el derecho ciudadano a conocer las causas de la denuncia en su contra. “Si hay omisión deliberada por el hecho de no facilitarle (al acusado) la información que le afecta, puede recurrir de amparo en cualquier estado de la causa”, indicó.
DERECHOS CIUDADANO
Durante el proceso judicial, las autoridades deben garantizar el cumplimiento de los artículos 26 (inciso cuatro) y 52 de la Constitución.
El artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
En cambio, el artículo 52 indica que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.