Cien días contra la corrupción

José Adán Silva jadan.silva@laprensa.com.ni Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno del presidente Enrique Bolaños, la evidencia más notable de un cambio hacia la transparencia ha sido la constante denuncia de actos de corrupción del pasado gobierno, así como la decidida posición de las instituciones vinculadas a la Justicia de castigar a quienes se […]

José Adán Silva jadan.silva@laprensa.com.ni

Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno del presidente Enrique Bolaños, la evidencia más notable de un cambio hacia la transparencia ha sido la constante denuncia de actos de corrupción del pasado gobierno, así como la decidida posición de las instituciones vinculadas a la Justicia de castigar a quienes se lucraron del erario.

Así, se ha visto cómo funcionarios de la pasada Administración, incluyendo al propio ex presidente Arnoldo Alemán, son requeridos por la justicia que, por fin, y después de muchos años de ayuno, ha dado muestras de querer sentar en el banquillo de los acusados a la corrupción.

La mañana del 10 de enero de este año, millones de nicaragüenses expectantes oyeron cómo desde el centro del Estadio Nacional, Bolaños anunciaba una guerra contra la corrupción que pocos creyeron.

“No podemos engañarnos. Para construir este sueño tenemos que vencer los grandes vicios que han caracterizado históricamente a nuestra sociedad: la corrupción, la perversión en el uso del poder y el caudillismo. Nuestra historia está plagada de estos vicios, todos ellos igualmente condenables. Tenemos que romper con esa historia y tradición. Voy a romper con ese pasado”, aseguró el mandatario.

Igual que él, la nueva camada de funcionarios públicos se comprometió a combatir la corrupción, mientras el recelo de los salientes allegados a Alemán inició a sentirse con indirectas y pequeñas críticas al nuevo gobierno.

CLARO GOLPE DE TIMÓN EN EL MINSA

Una de las primeras en denunciar la corrupción de la institución que recibía fue la ministra de Salud, Lucía Salvo, quien tras descubrir el desfalco de millones de córdobas en medicinas en el Minsa, prometió actuar con mano dura “no importa quién sea, qué cargo ocupe, ni cuántos años tenga de laborar en el Ministerio. Si se comprueba que está metido en algún caso de corrupción, procederemos”, manifestó Salvo de forma enérgica, después de asistir a una homilía del cardenal Miguel Obando Bravo el 13 de enero en la Catedral de Managua.

La imagen del Minsa se deterioró mucho durante la administración del presidente Arnoldo Alemán, con algunos casos de corrupción relacionados con desvíos de medicinas, equipos hospitalarios, licitaciones viciadas y negligencia médica, entre otras, que fueron retomadas como violaciones de los Derechos Humanos por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los escándalos de corrupción más recientes fue el tráfico de medicinas por el cual se acusó a Rosario Meza, ex Directora del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) y otras personas.

En este caso la ministra de Salud bajo la Administración Alemán, Mariángeles Argüello, nunca quiso declararse ofendida ante los juzgados, pero Salvo lo hizo apenas tomó posesión de su cargo. Los acusados fueron sobreseídos en un escandaloso fallo de la juez suplente Alia Dominga Ampié, que por ese fallo fue separada de su cargo por la Corte Suprema.

EE.UU. DECLARA NON GRATO A JEREZ

Días después, el 24 de enero, el cerco contra la corrupción tomó otro giro, más brusco aún, cuando se supo que Estados Unidos había iniciado medidas drásticas contra personas acusadas de corrupción en Latinoamérica, estrenando tal iniciativa precisamente con Byron Jerez, ex titular de la Dirección General de Ingresos y amigo íntimo de Arnoldo Alemán. La visa norteamericana de Jerez fue revocada por ser considerado “sospechoso” de lavar dinero.

La acusación por presunción de lavado de dinero, más fuertes palabras del secretario de Estado norteamericano Colin Powell contra la corrupción, parecieron alentar a Bolaños y sus funcionarios, quienes arreciaron la campaña de lucha contra la corrupción, mientras las relaciones con el Partido Liberal Constitucionalista y sus allegados a Alemán pasaban de frías a hostiles.

AUTO DE PRISIÓN PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

En este mismo período, la Policía Nacional acusó por primera vez a los hermanos Alex, Saúl y Albin Centeno Roque por los delitos de estafa, defraudación, asociación para delinquir, uso indebido de nombres y falsificación de documentos públicos y auténticos, por su participación en el trámite de créditos a personas inexistentes (fantasmas) en el Banco Intercontinental (Intebank).

Señalados como quiebra bancos, los hermanos Centeno eran los principales sospechosos y figuras más visibles de una especie de delincuentes especialistas en asuntos financieros que causaron la quiebra de varios bancos y provocaron pérdidas al Estado hasta por 600 millones de dólares.

DENUNCIAS POR DOQUIER CONTRA LA CORRUPCIÓN

El 13 de febrero, el Estado anunció la activación por primera vez en la historia nicaragüense de la Comisión de Análisis Financiero que estipula la Ley 285 (antidrogas), para que se investigara el caso de Byron Jerez. El anuncio lo hizo la fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños.

Esta comisión estudia las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias, financieras y conexas, que faciliten el lavado de dinero y activos provenientes de las actividades ilícitas. La misma está integrada por el Procurador de Justicia, un miembro de la Dirección de Investigación de Drogas, un miembro de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía; un especialista en derecho bancario, propuesto por la Superintendencia de Bancos (SIB); un funcionario del Banco Central; y un auditor, propuesto por el Colegio de Contadores.

A la par, la Contraloría retomaba casos de investigación de corrupción truncados por viejos fallos judiciales, alentados por nuevas pruebas y apoyados por la Procuraduría General de Justicia.

Y mientras eso ocurría, cada día los nuevos funcionarios denunciaban los hallazgos de corrupción en sus instituciones: La Dirección General de Ingresos, Aduanas, Instituto Nicaragüense de Seguros, IDR y otras más, incluyendo el más importante juicio de los últimos años: el gigantesco fraude al Canal 6.

RESPALDO INTERNACIONAL Y RABIA DE ALEMÁN

Antes, el 26 de febrero, representantes de distintos países del mundo ofrecieron a Bolaños su total respaldo en la lucha contra la corrupción, en un acto que el mismo mandatario consideró de gran simbolismo. Durante un encuentro en la Casa Presidencial, los embajadores de Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Canadá y Suiza, entregaron a Bolaños un fondo de 500 mil dólares para el inicio de la lucha contra la corrupción.

El giro de la situación no gustó del todo a Alemán, a quien sus amigos le organizaron una manifestación de apoyo el 2 de marzo, en la cual Alemán llamó “ingratos y traidores que son peores que asesinos y ladrones” a sus antiguos aliados liberales que ahora desde el gobierno, acusaban de corrupción a sus allegados.

Para entonces, ya la Contraloría General de la República había decidido ordenar una auditoría “especial” a la declaración de probidad del ex presidente Arnoldo Alemán, y determinar por qué no incluyó en su declaración de probidad como diputado bienes y acciones de sociedades en las que tienen participación él y su esposa María Fernanda Flores.

La iniciativa fue apoyada por Francisco Fiallos, Subprocurador de Justicia, mientras los afines a Alemán iniciaban una guerra de señalamientos contra quienes levantaron la bandera contra la corrupción, a quienes a través de un diario liberal La Noticia, les sacaban actos cuestionables.

En este contexto, la titular del INSS, Edda Callejas, descubre que la circulación de este diario había estado siendo subsidiada por el Estado, a través de contratos vencidos donde se le permitía la impresión del periódico en la rotativa del INSS.

“El INSS ha estado financiando los gastos administrativos y operativos, y estuvo financiando materia prima e insumos y la planilla de La Noticia —de 20 empleados— lo que acumula una deuda de 541 mil dólares o siete millones y medio de córdobas”, aseguró la funcionaria en ese momento.

EL PUNTILLAZO DEL CANAL 6

El puntillazo a la batalla asumida por el nuevo gobierno ocurrió el 11 de marzo, cuando se hizo público que dos ex funcionarios del pasado gobierno habían sido apresados por estar involucrados en un caso de fraude, denunciado por la Secretaría de Comunicación Social, contra el estatal Canal 6.

Así, la Procuraduría acusó ante los juzgados a Roberto Duarte Solís, Sidney Pratt, Dagoberto Rodríguez, Alejandro López Toledo, Ricardo Galán y Mayra Medina, quienes se confabularon para desaparecer 1.5 millones de dólares salidos de institución del Estado.

Aquí emergió la figura de la juez suplente Gertrudis Arias, quien con su humildad y tenacidad, se ganó la simpatía de gran parte de la sociedad, sobre todo cuando dictó auto de prisión para los procesados y abrió proceso judicial contra los diputados Arnoldo Alemán, David Castillo y Marta McCoy, y otros ex funcionarios. Bolaños aceptó la renuncia de dos funcionarios suyos que fueron señalados en el caso.

Hasta esta fecha, el juicio sigue su curso, mientras cada día aparecen pruebas donde se establece que Alemán no sólo sabía de las operaciones para saquear al Estado a través del Canal 6, sino que estaba involucrado para apropiarse de varios canales de televisión y meter sus manos en el negocio de las comunicaciones en sociedad con los ahora prófugos mexicanos.

El juicio ha entrado en una de sus etapas más calientes, al negarse Alemán a abandonar su inmunidad parlamentaria, aun cuando los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua le rechazaron un recurso de amparo.

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