Mario Sánchez P. [email protected]
El comisionado general Francisco Bautista Lara, Subdirector de la Policía Nacional, descargó sobre la Policía panameña toda la responsabilidad del desvío de armas nicaragüenses a fuerzas irregulares colombianas. “El destino de las armas es una responsabilidad de las autoridades panameñas, porque las desviaron hacia otro lado”, afirmó ayer.
Lo que contradice abiertamente la versión panameña, que desde que estalló el escándalo vienen lanzando “la papa caliente” a la Policía nicaragüense. Según los diarios de Panamá y agencias de noticias, la presidenta Mireya Moscoso responsabilizó el jueves al director de la Policía Nacional de Nicaragua, el primer comisionado Edwin Cordero Ardila, de estar involucrado en el trasiego de armas de guerra hacia el grupo paramilitar Unidades de Autodefensa de Colombia, que recibió 3,000 fusiles AK y unos 2.5 millones de proyectiles para esos fusiles.
El diario El Tiempo de Bogotá informó que un miembro de las Unidades de Autodefensa de Colombia (UAC), declaró que las armas están en manos de esta organización paramilitar de derecha.
“Ese arsenal está en nuestro poder. Ese territorio está controlado por nosotros”, explicó al referirse al Puerto Turbo, ubicado al noreste del país y cercano a Panamá.
Según el diario La Prensa de Panamá, cuando a la presidenta Moscoso se le preguntó si se responsabilizaba a la Policía de Nicaragua de ser la institución que vendió el armamento, y que si el jefe de la Policía estaría involucrado en el escándalo, ella supuestamente respondió: “Sí, así es”.
Pero Bautista desmintió la acusación panameña y reveló que “hay una presunción, que autoridades de Panamá son las que desviaron el destino de las armas” hacia Colombia. “La responsabilidad es de las autoridades panameñas”, añadió.
Bautista aseguró que la transacción con la empresa GIRSA “fue totalmente legal y transparente, autorizada por todas las autoridades de Nicaragua, durante un proceso largo iniciado desde principios de 1999 por el primer comisionado Franco Montealegre Callejas”, hoy en retiro.
Dijo que en el proceso para autorizar la venta de los 3,000 fusiles AK 47; 6,000 bayonetas y 2.5 millones de municiones, se firmaron convenios y se pidió la autorización del Presidente de la República, del Ministro de Gobernación, de la Contraloría General de la República, y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El subdirector Bautista afirmó que la Policía Nacional está realizando una investigación en que se pedirá la participación de las autoridades panameñas, la Interpol y del gobierno de los Estados Unidos.
“CONSPIRACIÓN DIABÓLICA»
Mientras que Enrique Montenegro, Secretario General del Frente Nacional Anticorrupción de Panamá, acusó a Cordero Ardila al afirmar: “El cerebro de esta conspiración diabólica es el director de la Policía de Nicaragua, comisionado Edwin Cordero Ardila, pero debe haber un cómplice dentro de la Policía de Panamá, porque el formato es verdadero”, explicó, al referirse al documento de la Policía de Panamá utilizado para la compra de las armas.
El diario El Tiempo de Colombia informó que Carlos Barés, jefe de la Policía de Panamá, declaró que esa institución no tiene ninguna responsabilidad en un trueque de armas de guerra con la Policía de Nicaragua, sino que su país es objeto de un “complot diabólico” de las autoridades nicaragüenses, y que “un negocio de 5 millones de dólares no se hace en una cantina”.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que la Policía Nacional de Nicaragua realizó “una transacción del Estado” al cambiar fusiles de guerra por pistolas, y que las armas que salieron de Nicaragua hacia Panamá iban “debidamente chequeadas y codificadas por su número de serie, por tanto son fáciles de identificar si se encuentran”.
“Nicaragua demostrará que actuó legalmente”, aseguró el Ministro de Gobernación.
Por su parte, el comisionado Marlon Montano, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, manifestó que la Policía nicaragüense sacó de sus bodegas las armas y las entregó a Oris Zoller, representante del Grupo Internacional de Representantes S.A. (GIR), que a su vez representa a Industrias Militares de Israel, quien posteriormente las trasladó en sus vehículos hacia el puerto pluvial de El Rama, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Agregó que GIRSA se las llevó presuntamente hacia Panamá por el Río Escondido, en el barco Oterloo de bandera panameña, por tanto si el armamento fue desviado hacia Colombia, será “Zoller quien rinda cuenta a quién entregó las armas”, y la Policía de Nicaragua no tiene nada que ver con el desvío de las mismas.
Agregó que Zoller trajo a Nicaragua la documentación que le entregó la Policía de Panamá, la que supuestamente hizo la gestión a través de los judíos Marcos Sharem y Simón Yelinek, residentes en Panamá, los mismos que según Zoller recibieron la carga y la entregaron a sus clientes.
NADA DE DISCULPAS
Barés agregó en rueda de prensa que el jueves se comunicó con el primer comisionado Edwin Cordero Ardila, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, quien presuntamente le admitió que “había sido engañado” por los empresarios que compraron el armamento que después lo desviaron a Colombia.
“Me comuniqué hoy con el jefe de la Policía de Nicaragua y, definitivamente, están bien preocupados porque fueron engañados. Ellos en ningún momento tuvieron comunicación conmigo en ese sentido”, declaró Barés.
Sin embargo, Montano desmintió al director de la Policía de Panamá, y afirmó que Cordero Ardila no ha pedido disculpas ni admitido que fue engañado por GIRSA, sino que le pidió a Barés que ambas instituciones policiales investiguen a fondo el destino de las armas.
MUCHO POR DEFINIR
Arturo Harding, Ministro de Gobernación, afirmó que iniciaron una investigación para determinar qué pasó con los fusiles, asegurando que la PN “hizo una transacción de Estado” y que ésta fue legal y autorizada por la Contraloría.
Añadió que ninguna persona o país se arriesga a vender un lote de armas sin tener seguridad de quién es el comprador, y registrar la numeración de las mismas, y que no se sabe si es verdad que los fusiles terminaron en manos de los paramilitares porque “nadie ha visto los números de serie de esas armas”.
El canciller Norman Caldera dijo que “estamos por recibir la versión del Ministerio de Gobernación en estos momentos, que son quienes tienen la parte nicaragüense en sus manos. Ellos quedaron de presentarla a más tardar el día de hoy (ayer)”, aseguró, añadiendo que aún no se había comunicado con sus homólogos de Panamá y Colombia.
El ex director general de la PN, Franco Montealegre, en cuyo período ocurrió el supuesto canje de armas, dijo: “Me gustaría que antes de cualquier cosa, sea la Policía la que aclare algunos puntos. Lo que sí puedo decirte es que nosotros hicimos público ese contrato, se hicieron los trámites con la Contraloría, y estuvo pendiente de ejecución por más de un año, porque tenía que definirse primero que entregaríamos las armas al momento en que ellos nos entregaran el lote requerido”, aseguró.
“Fue a René Herrera, en ese entonces Ministro de Gobernación, a quien se le pidió autorización para esto. Nosotros estábamos en búsqueda de armamento, pero no teníamos presupuesto, entonces lo dijimos y se nos hizo la oferta”, agregó.
LA PRENSA intentó comunicarse con Herrera, pero no fue posible.