- Harvey Mayorga y Jesús Martínez la administraban, y de esas bodegas salían los vehículos, cuadraciclos y mercadería que se usó para apoyo de elecciones del PLC
José Adán Silva [email protected]
Algo raro ocurre con la información vinculada a las bodegas de Concretos S.A. Por una parte la Policía Nacional ha dicho que la revisión que se hizo el pasado martes a estas instalaciones estaba al margen de la revisión a las propiedades de Byron Jerez, y por otra parte nadie ha aclarado por qué ahí se encontraba material médico, medicina, útiles policiales, pupitres, camas y sillas de ruedas, conos de señales de tránsito y hasta vehículos donados al Estado.
Según las primeras informaciones al respecto por parte del propio comisionado Edwin Cordero, el allanamiento a esta bodega se hizo a solicitud de la Dirección General de Aduanas, y no tenía nada que ver con el caso Jerez.
Sin embargo, fuentes ligadas al Partido Liberal Constitucionalista dijeron que esas empresas eran administradas por dos cercanos colaboradores de Jerez en la Dirección General de Ingresos: Jesús Martínez y Harvey Mayorga, este último actualmente detenido por el fraude del que también se acusa a Jerez.
Según la información obtenida, en estas bodegas se almacenó gran parte del material electoral que usó el PLC durante las pasadas campañas electorales, lo que podría verse respaldado por la gran cantidad de material proselitista liberal encontrado en el lugar, así como un bus donado por el Instituto Nacional Tecnológico al Instituto de San Isidro, el cual servía para movilizar a simpatizantes liberales a los mítines políticos.
Legalmente, Concretosa fue constituida el 22 de mayo de 2000, e inscrita en agosto en el asiento 242937, página 93, Tomo 3 del Diario Mercantil e Inscrita con 22,130-B5, página 460-476, tomo 798-B5, tomo segundo, del Registro Público de la Propiedad.
Según el acta, los miembros de Concretosa son Ronald Calero Lara, Vicente Benítez y Blanca Lorena López. Calero y López fueron vinculados a un presunto caso de estafa contra Enitel por 3.5 millones de dólares, pero luego fueron sobreseídos definitivamente de los delitos de estafa, defraudación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos y auténticos.
Calero Lara fue investigado por la entonces juez cuarto de Distrito del Crimen de Managua, Vanessa Chévez, luego que su socia Blanca López Mendoza lo acusó de haber falsificado su firma para hacerla aparecer como suscriptora de un adéndum del contrato de construcción que la empresa Instalinex, propiedad de Calero Lara, supuestamente había firmado con Enitel, para realizar obras complementarias en Matagalpa en la instalación de 1,200 líneas. Caso en el que estuvo involucrado Jorge Solís Farias, vinculado en varios negocios y operaciones con Byron Jerez.
Según la información, a Concretosa llegaban a almacenar algunos de los vehículos y cuadraciclos que entraban a nombre de la DGI, así como el material propagandístico del PLC. Se quiso obtener la versión oficial de la DGA sobre el caso, pero el director Fausto Carcabelos no recibió a LA PRENSA para explicar por qué allanaron esa bodega.