- El procurador especial, Alberto Novoa, pidió a la juez Juana Méndez intervenir los bienes de Jerez mientras concluye la cuantificación total del fraude al Estado
- A la fecha, las estimaciones llegan a los 20 millones de dólares, pero según Novoa, la cifra aumenta cada vez más
Ary Neil Pantoja [email protected]
El procurador especial, Alberto Novoa, solicitó a la juez primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, ordene la “congelación” de las cuentas bancarias que tenga Byron Jerez Solís en todas las entidades financieras del país, y, además, “intervenga” otros bienes propiedad de Jerez, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) no concluya la cuantificación de lo defraudado al Estado de Nicaragua por el ex director general de Ingresos.
La petición de Novoa no sólo se limita a los bancos, sino también a cualquier “institución financiera que ahorra, capta o presta dinero al público, para que identifiquen y a la vez congelen las cuentas bancarias, certificados a plazo, certificados de depósitos o cualquier otro efecto económico y material…”.
El Procurador Especial pidió también que la medida sea aplicada a todos los procesados por los delitos de fraude, estafa, malversación de caudales públicos y otros, en perjuicio del Estado nicaragüense mediante la compra de vehículos en beneficio de Jerez y sus allegados pagados a través de notas de crédito de la Dirección General de Ingresos (DGI).
MONTO MILLONARIO Y CONTINÚA SUBIENDO
Según Novoa, a la fecha la PGR ha establecido en 20 millones de dólares el monto preliminar por el cual Byron Jerez y demás procesados, perjudicaron al Estado de Nicaragua sólo con la transacción “viciada” de vehículos. Sin embargo, Novoa expresó que la suma aumentará, pues el proceso de cuantificación del monto defraudado continúa.
La otra solicitud es la realización de una inspección y peritaje en los vehículos requisados a Jerez y demás involucrados, así como en las casas propiedad de los procesados.
Novoa también solicitó a la juez Méndez la realización de una inspección ocular en la Unidad Central de Procesamiento (CPU por sus siglas en inglés) de la computadora personal de Jerez, encontrada en su casa.
Otra inspección deberá realizarse en las oficinas de la DGI para determinar, según Novoa, las modalidades que dicha instancia utilizó para la compra de vehículos, entre ellas, la autorización de créditos fiscales, órdenes de emisión de notas de crédito y las notas de crédito propiamente dichas.
Novoa, finalmente, pide a Méndez que llame a declarar en calidad de testigos a Róger Arteaga, actual Director General de Ingresos, y a Fausto Carcabelos, Director General de Servicios Aduaneros.
EX CONDUCTOR “HUNDE” A JEREZ
El ex conductor y escolta de Byron Jerez, William José Morán Herrera, confirmó ante la DIC que él personalmente realizó el trámite de legalización de varios de los vehículos comprados por la DGI, pero lo hizo a nombre de personas particulares. Morán reconoció que muchas de esas personas sabían que sus nombres serían utilizados para tal fin, pero que también conocían que los vehículos eran en realidad propiedad de Byron Jerez y sus familiares.
Morán dijo que todos esos trámites los hizo por órdenes directas de Jerez, para lo cual le indicaba a nombre de quien debía inscribir el vehículo.
Morán Herrera dijo que realizó los trámites de los vehículos de Alex Flores, cuñado de Gerold Jerez; Francis Flores, esposa de Gerold; Jenny Mena, ex recepcionista de Jerez; Gustavo García Mangas, ex asesor de la DGI; Silvio Argüello (hijo), así como Javier Norori y Santiago Ríos Barbas. Expresó que algunos de los automotores aparecieron luego en poder de familiares del ex director de Ingresos.
La PGR presume que en el caso de Javier Norori y Santiago Ríos Barbas, son personas inexistentes, y, por lo tanto, nombres ficticios. El procurador Novoa solicitó a la juez Juana Méndez que pida información al Consejo Supremo Electoral para verificar esas identidades.
REABREN CASO DE LA TERRAZA DE POCHOMIL
Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió acusar a Byron Jerez Solís y lo hizo por el delito de fraude y otros, por la cantidad de 800,000 dólares, siempre por la compra de los vehículos utilizando notas de crédito de la DGI para el pago de los mismos. El fiscal, Julio Centeno Gómez, anunció la introducción de otra acusación en el caso de “la terraza” que Jerez tiene en Pochomil Viejo.
HIJO DE FISCAL SERÁ LLAMADO A DECLARAR
El procurador especial Alberto Novoa confirmó que pedirá a la juez Méndez cite a declarar en calidad de testigo a Sergio Centeno Caffarena, hijo del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez. Centeno Caffarena se desempeñaba como Director de Grandes Contribuyentes (DGC), instancia de la DGI, y a él le ordenaban la emisión de las notas de crédito mediante las cuales se pagaron los vehículos comprados.
Varias órdenes de emisión de notas de crédito rolan en el expediente policial que entregó la Dirección de Investigaciones Criminales, en ellas Jesús Martínez Alemán, Director General Administrativo Financiero de la DGI, le ordena a Centeno Caffarena emita las notas de crédito, la orden lleva el “visto bueno” de Byron Jerez.
Novoa no descartó la posibilidad de ampliar el número de personas acusadas, a las cuales se les determine responsabilidad en el fraude y se les abra proceso judicial, incluyendo a Centeno Caffarena.
Novoa anunció “una lluvia” de acusaciones en contra de Jerez en los próximos días.
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