Luis Felipe Palacios [email protected]
El canciller Norman Caldera reaccionó cauteloso ante los señalamientos que hiciera su homólogo panameño, José Miguel Alemán, quien llamó “corrupta” a la Policía nicaragüense y ser la culpable del tráfico de armas que terminó en manos de paramilitares colombianos.
“Vamos a reunirnos con ellos (una comisión de Panamá) la próxima semana en San José, Costa Rica. Ahí vamos a dar (nuestras) declaraciones”, dijo el canciller nicaragüense, quien agregó que han estado en conversaciones con la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, con quien acordaron tratar el asunto de las armas este ocho de mayo durante la toma de posesión de Abel Pacheco, presidente electo de Costa Rica.
El pasado 21 de abril, un medio de comunicación colombiano puso al descubierto la operación de un cargamento compuesto por 3 mil fusiles AK-47 y cinco millones de municiones procedentes de Nicaragua que supuestamente iban para la Policía de Panamá, pero que terminó en manos de un grupo irregular de Colombia.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad de Panamá negó que hayan ordenado a la Policía panameña permutar 465 pistolas Jericó y 100 subametralladoras Uzi por cinco mil fusiles AK-47 y 2.5 millones de municiones de la Policía nicaragüense.
“FUE LA PN”
En vista de eso, este jueves el canciller panameño culpó directamente a las autoridades policiales de nuestro país del tráfico de armas a Colombia: “Las armas estaban bajo la custodia de la Policía de Nicaragua, las armas salieron de los depósitos de la Policía de Nicaragua, fueron embarcadas por la Policía de Nicaragua en un buque en aguas de Nicaragua y fueron llevadas a Colombia”, fustigó.
Las declaraciones del canciller panameño se produjeron después que el jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, afirmara este miércoles que fue la Policía de Panamá la que le envió una orden de compra de armas que fueron desviadas a los paramilitares colombianos. La operación, según Cordero, se efectuó por medio de la empresa Grupo Internacional de Representaciones S.A. (Girsa), radicada y legalizada hasta el lunes en Guatemala, a través de su dueño, el israelí Ori Zoller. No obstante, el jefe de la Policía de Panamá, Carlos Barés, sostuvo que los empresarios israelíes usaron “documentos falsos” de Panamá.
Caldera dijo que van a discutir “todas esas diferencias” en San José, Costa Rica, ya que es de suma importancia para ambas naciones dilucidar de una vez por todas este asunto: “La comisión (nicaragüense) tratará de llegar con sus homólogos panameños a un mutuo acuerdo. Abogaremos porque esta comisión bilateral sea franca y no interrumpa las investigaciones”.
Afirmó que de parte de Nicaragua han estado haciendo investigaciones internas sobre el tema de las que no quiso brindar mayores detalles, y dijo esperar que la comisión panameña haya hecho lo mismo para poder compartir información y llegar a una conclusión definitiva.