Es posible estar de acuerdo o no con la reducción que la Asamblea Nacional le hizo el lunes de la semana pasada al presupuesto de gastos de la Presidencia de la Republica, pero lo que no es posible es que dicho recorte haya tomado a nadie de sorpresa. A las claras se veía venir, porque era impensable que el ex presidente Arnoldo Alemán, que ocupa indebidamente un escaño en la Asamblea Nacional e inclusive la preside, y que mantiene una lucha sin cuartel contra el presidente Bolaños, no aprovechara el poder que tiene en sus manos para asestarle un rudo golpe a su contrincante.
Hace varias semanas, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reformar y recortar el Presupuesto General de la República en C$556,067,895.00. La solicitud fue hecha para ajustar las finanzas del Estado a la realidad económica del país y para cumplir con la reducción presupuestaria que el Fondo Monetario Internacional exige al Gobierno a fin de poder firmar un acuerdo financiero para los próximos tres años.
Pero, aprovechando la facultad que el Parlamento tiene para asignar el monto de las partidas del Presupuesto, éste no aceptó con exactitud lo planteado por el Ejecutivo e hizo su propia distribución, respetando solamente el monto total de la reducción solicitada, y, como era de esperarse, la Presidencia de la Republica fue afectada con un recorte de más de 30 millones de córdobas. El recorte presupuestario se hizo con 72 votos a favor, ninguno en contra, y ninguna abstención, lo cual quiere decir que liberales y sandinistas se pusieron de acuerdo para hacerlo.
El doctor Julio Vega, secretario de la Presidencia, ha dicho que con esa reducción la Presidencia se quedará sin fondos para seguir operando a partir del 15 de agosto y señaló que los diputados están castigando al Ejecutivo por haber “transparentado las cuentas”, ya que lo único que éste hizo fue poner en blanco y negro y sobre la mesa el verdadero gasto, sin aumentar el que tuvo en el último año del gobierno de Alemán. El secretario de la Presidencia agregó que el mensaje que han enviado los diputados es que “están en contra de la honestidad y de la transparencia”. Ante esa situación, el Ejecutivo podría verse obligado a cerrar la Casa Presidencial y trasladar sus operaciones a otro local, o a despedir una buena parte del personal. Ambas acciones harían quedar mal al presidente Bolaños, que es lo que el diputado Alemán desea.
Es cierto que la Asamblea Nacional no está en obligación de aprobar todas las iniciativas que recibe del Ejecutivo, pero tampoco se justifica que use su poder para perjudicar la buena marcha del país. A Bolaños, que fue electo por una mayoría sin precedentes en la historia electoral de la nación, le ha tocado la desgracia de que el poder parlamentario esté en manos de un adversario político de su propio partido, y que, para colmo de males, está amarrado en un pacto con el líder del Frente Sandinista, partido que, en circunstancias normales, debería ser la única oposición al gobierno liberal que preside Bolaños.
No hay duda de que Bolaños está decidido a remover a Alemán de la Presidencia de la Asamblea Nacional. De hecho está obligado a hacerlo, ya que uno de los principales mandatos que recibió del electorado fue erradicar la corrupción del seno del gobierno, y el cumplimiento de ese mandato pasa necesariamente por la destitución de Alemán. Por otra parte, tampoco cabe duda de que Alemán no está dispuesto a dejarse remover fácilmente, y para evitarlo está dispuesto a todo. Lo grave es que es el país el que sufre por la ambición de poder y el empecinamiento de una persona que, además de haber abusado de los recursos del Estado mientras fue presidente, ocupa ahora la presidencia del Parlamento sin haber sido electo popularmente.
A Nicaragua no le conviene continuar sometido a ese chantaje, pero, después de todo, es a la ciudadanía que eligió presidente a Bolaños a la que le corresponde decidir si Alemán debe continuar o no haciendo daño desde en esa cimera posición estatal.