Jorge Salaverry*
Una amiga sandinista me aseguró hace algunos años que, “en 1986, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó a los Estados Unidos a pagarle a Nicaragua una compensación de 17 mil millones de dólares por daños y perjuicios”. Mi amiga se puso furiosa conmigo cuando le dije que no era cierto que en la sentencia a la que ella se refería hubiese dicho tribunal fijado ningún monto específico a ser pagado por los Estados Unidos. Me dijo que me demostraría su aseveración con una copia de la resolución. Todavía estoy esperando que eso suceda, y tendré que seguir esperando, porque jamás podrá enseñarme lo que no existe. Esa cifra no es más que una monumental locurita producida por la mente calenturienta de algunos sandinistas.
A decir verdad, ya no me acordaba de la conversación con mi amiga, hasta que este fin de semana pasado me enteré que el señor Daniel Ortega dijo, en su consabido discurso del 19 de julio, que había que estudiar la forma en que se le podrían cobrar esos 17 mil millones a los Estados Unidos, ya que con ellos —según lo cita un diario local— Nicaragua pagaría la totalidad de sus deudas, externa e interna, y todavía quedaría para generar empleos y construir muchas obras sociales.
La capacidad que tienen nuestros “políticos” de decir sonseras no cesa de asombrarme. No sé si es que el señor Ortega está tan equivocado como mi amiga, o si conoce la verdad y no la dice para seguir explotando el mito de los 17 mil millones. Siento pena por la gente que lo escuchó, porque su retórica parlanchina y populista reforzó en las mentes de esa pobre gente la falsa idea de que nuestro atraso, subdesarrollo y pauperismo es culpa de quienquiera que sea, menos de nosotros mismos. Nos fascina lamentarnos y decir: ¡Ah!, si tan sólo nos pagaran lo que nos “deben”… si el mundo desarrollado no fuera tan miserable y nos diera más ayuda… si los “términos de intercambio” no fueran tan injustos… si nos levantaran el “bloqueo”… y otro montón de síes.
Creo que podría irnos mucho mejor —no sólo a los nicaragüenses, sino a todos los latinoamericanos y al mundo subdesarrollado en general— si en vez de escuchar las tonterías de Ortega y asociados, le pusiéramos seria atención a la tesis central del libro “El misterio del capital”, del economista peruano, Hernando de Soto. De Soto sostiene que no es por falta de capital que los pobres del mundo no progresan, sino debido, fundamentalmente, a la falta de un efectivo “sistema de propiedad”.
El investigador peruano descubrió, valiéndose de métodos de medición comprobados, que los pobres en todo el mundo tienen acumulados miles de millones de dólares en propiedades, pero que por falta de un sistema de propiedad funcional, se trata de un “capital muerto” que no tiene la posibilidad de hacer que esos activos se conviertan en productores y generadores de nuevo capital. El mundo desarrollado de hoy día, sostiene de Soto, tuvo ese mismo problema hace 150 años, y no fue sino hasta que creó sistemas de propiedad eficientes, que pudo encaminarse hacia el desarrollo.
El sistema de propiedad que tenemos en Nicaragua deja muchísimo que desear, empezando por el mismo Registro Público. Es simplemente pavoroso, por ejemplo, escuchar al presidente de la junta liquidadora del Interbank, licenciado Rodolfo Delgado, decir que en ese banco se dieron muchos préstamos con garantía de propiedades que no existen físicamente, pero que ¡sí existen en el Registro Público de la Propiedad! ¿Cómo —me pregunto yo— podría un sistema así servir como instrumento para el desarrollo del país?
El libro de Hernando —que mereció comentarios y elogios de parte de dos premios nobel de economía, Ronald Coase y Milton Friedman— debería de ser leído y estudiado por todos los políticos —o por lo menos por aquellos que no están en esa actividad para enriquecerse sino para servirle a la sociedad— y también por cualquier persona interesada en el bienestar del país. Y ya no digamos, por supuesto, por todos los profesores de economía.
La lectura de “El misterio del capital” me reafirmó en mis convicciones sobre la fundamentalidad de la propiedad en el proceso de desarrollo. Estoy convencido de que el mejor legado que este gobierno podría dejarnos es un sistema de propiedad de primer orden. Sin él, la velocidad del desarrollo —si es que lo hubiese— está condenada a ser desesperadamente lenta.
* El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
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