- Jurista analiza arbitrariedades de la Policía contra periodista
Xiomara Chamorro [email protected]
El caso del periodista Luis Felipe Palacios, citado por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía para responder por un artículo publicado en este diario, “ha dejado un sabor amargo que debe analizarse para sacar lecciones y prevenir que regresen comportamientos superados”, dijo ayer el experto penal Sergio Cuarezma.
“En este caso hay dos temas, uno superado entre LA PRENSA y el Ejército de Nicaragua y el otro de carácter policial. Este último tiene dos situaciones. Primero, el procedimiento policial respecto a citar a una persona sin mayor explicación y el otro, las relaciones del poder punitivo con el derecho a la información”, dice Cuarezma.
En su opinión, la Constitución Política es el norte de las relaciones entre las personas y de las instituciones del Estado con éstas, es decir que si bien la Policía tiene el mandato constitucional de investigar ya sea de oficio o por denuncia, debe hacerlo bajo controles rígidos e incuestionables que la Constitución indica.
“Nadie puede ser citado sin que se expresen los motivos de la investigación y en calidad de qué hacen comparecer a la persona” y ésta “puede, si lo cree oportuno, hacerse acompañar de un abogado”, explicó Cuarezma.
El abogado le indicaría si lo que declara es un simple “testimonio”o una declaración que le “incrimina”, en este último caso la persona citada tiene el derecho constitucional al “silencio”, ya que todo cuanto diga puede ser utilizado en su perjuicio, puesto que los policías pueden ser citados en proceso en calidad de testigos y manifestar que fue lo que expresó la persona citada”, añadió el jurista.
Cuarezma señala que la persona citada tiene el derecho constitucional de saber no sólo en calidad de qué comparece, sino también en qué “tipo de investigación” va a declarar, porque esto le permite a ella o a su abogado ponderar la forma de su participación en el proceso de investigación.
“En el caso del periodista Palacios la investigación inició y terminó con un solo acto: “la citación de una persona”, no hubo investigación”, expresa.
LA VERSIÓN DE CORDERO
En una carta hecha circular en algunos medios de comunicación (sin copia a LA PRENSA o al ministro de Gobernación), el jefe de la Policía de Nicaragua, comisionado Edwin Cordero, explica que recibió una carta del general Roberto Calderón solicitando una autoinvestigación ya que fue señalado en ilícitos en el artículo de Palacios.
Cordero señala que la Policía tomó como instrumento jurídico la carta de Calderón “como supuesto comisor de los delitos públicos antes mencionados” y se procedió a enviar una cita a Palacios.
Alega el jefe policial que Palacios en ningún momento fue llegado a sacar de su oficina y que cuando “minutos después” Palacios se presentó a la DIC con un equipo periodístico, se le advirtió que no podía tomar fotografías “por motivos de seguridad” y lamenta que el fotógrafo no haya velado el rollo a como se le “advirtió”, sino que veló otro.
En la misiva, Cordero no señala que una patrulla policial llegó a las instalaciones del diario y que el oficial de la DIC fue explícito en aclarar que tenía órdenes de llevarse a Palacios, razón por la que se decidió enviar al periodista en un vehículo del periódico y acompañado de un abogado y de un equipo periodístico.
En su correspondencia, el jefe policial no indica que en ningún momento Palacios fue informado sobre la investigación que se hacía, en calidad de qué se le citaba, ni se le mostró expediente sobre un delito en particular. El oficial interrogador se limitó a preguntar qué más sabía sobre el artículo escrito.
Cordero tampoco menciona que momentos antes el subcomisionado Denis Tinoco, jefe de auxilio judicial de la DIC había amenazado con detener al fotógrafo sino velaba un rollo de película que contenía fotos del hecho.
COBERTURA ERA LEGAL
“Este tipo de situaciones puede ser cubiertas periodísticamente, la Constitución Política protege la identidad del acusado y de la víctima. El único que puede declarar secreta la investigación es un juez, mientras no lo haga, el funcionario público que practica una diligencia de investigación sabe que queda expuesto a salir involucrado en la información, sobre todo cuando ésta es de “interés general”, afirma Cuarezma.
Cuarezma recuerda que el derecho a la información y a ser informado no es una agresión, es un derecho constitucional,es el fundamento del Estado democrático y pluralista.
“No hay que confundir la vida privada de un funcionario, con el ejercicio de sus funciones, que son susceptibles de ser cubiertas por los medios de comunicación, sobre todo cuando la actuación de un funcionario público afecta el interés de la colectividad”, agregó el jurista.
EL ARGUMENTO DE LA LESIÓN SICOLÓGICA
La posición oficial de la Policía Nacional, expresada por Cordero, fue explicada por el vocero de esa institución, comisionado Marlon Montano en declaraciones al noticiero Radio Informaciones el pasado 25 de julio, según grabación realizada por la unidad de monitoreo de LA PRENSA.
De acuerdo al oficial, es más intimidante que un periodista le tome una foto a un funcionario público y la masifique en su medio, que un policía conmine a un periodista a velar un rollo de película.
“Yo siento que a veces el periodista quiere intimidar al funcionario público, quiere intimidarlo de esa forma y creo que no es correcto. Creo que el Código Penal establece lesiones sicológicas, no es tanto la lesión del golpe, sino la lesión sicológica que puede causar en un funcionario público cuando lo está degradando y a veces injustamente”, dijo Montano.
AMENAZA, COACCIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD
Ante estas declaraciones, Cuarezma señaló que la decisión de obligar a un periodista a velar sus fotos, podría ser considerado como delito.
“No puede pensarse que una foto tomada a un funcionario en el desarrollo de su función pública puede significar una lesión psicológica, mucho menos que actúa justificadamente al revelar la cinta o el rollo de película, en todo caso podríamos estar en presencia de delitos de amenaza, coacciones y abuso de autoridad”, manifestó.
“Me preocupa no sólo los procedimientos anómalos que se practicaron, sino y lo más delicado, el subliminal mensaje de que el poder represivo está sobre el Estado de Derecho. No hay que olvidar que la arbitrariedad es un “monstruo grande y pisa fuerte” los derechos y las libertades de las personas”, agregó Cuarezma.
«ÉL SE TE QUEDA DETENIDO»
A continuación reproducimos textualmente la discusión entre el jefe de Información Freddy Potoy y el subcomisionado Denis Tinoco.
Denis Tinoco: “Me está molestando que su fotógrafo me está haciendo fotos, me está violentando mi derecho, yo no le he autorizado que me tomen fotos a mi persona. Yo tengo que autorizar a que me tomen fotos. Así de sencillo, a mí no tiene por qué tomarme fotos”.
Freddy Potoy:“Pero usted es un oficial, es un funcionario público”.
DT: “Te lo estoy hablando claro, si él no me entrega el rollo, yo te lo dejo aquí, ya te lo digo. Él se te queda detenido. Le voy a poner una denuncia, lo voy acusar, porque está violentando mi derecho a la privacidad, quedamos claros, no querés entender. Lo voy acusar, él no tiene por qué estar tomando fotos”. (Eso se lo dijo también a Eduardo Enríquez directamente por medio del celular de Potoy).
En ese momento, el subcomisionado Tinoco llama a la fiscal Mayra Paiz, quien se encontraba en la DIC trabajando en el caso de Fernando Avellán.
Asimismo, le ordena a un oficial que le requise el equipo fotográfico a Manuel Esquivel.
DT: “Me tenés que pedir permiso para tomarme la foto, él me tiene que consultar, es por mi seguridad”.
¿Y LA SEGURIDAD DEL PERIODISTA?
FP: ¿Y la seguridad del periodista, quién la protege?”.
DT: “Lo que me molestó es que me está tomando fotos, no podés tomarlas sin pedirme permiso en una unidad, vos tenés que pedir permiso para tomarme la foto”.
FP:“A nosotros no nos dicen que pidamos permiso para tomarle (fotos) a los detenidos en la DIC (cuando a la Policía le interesa)”.
DT: “¿Aquí en la DIC…?, presentámelas… Soy un ciudadano y tengo mis derechos. Yo tengo derecho a no salir en los periódicos si yo no quiero”.
FP:“Pero usted ahorita es un policía, es un funcionario público”.
DT: “Si es que querés vender periódicos, vendelos con otros, no conmigo”.
Debido a la molestia del subcomisionado y dado que no daba marcha atrás en su solicitud, el fotógrafo de LA PRENSA se vio forzado a velar el rollo, delante de la fiscal Paiz y el resto de presentes.
Finalmente, con el equipo periodístico de LA PRENSA y la fiscal Paiz como testigos, Luis Felipe Palacios brindó su declaración, remitiéndose solamente a lo publicado en el artículo.
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