- Documento revela que en Enitel hubo fraude, malversación, estafa y asociación ilícita para delinquir
Noel Hernández Ramos [email protected]
Unas 20 personas, entre ellas diputados y ex funcionarios involucrados en el proceso de privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), están en la lista de posibles indiciados por otro caso de corrupción que investiga la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Fraude, malversación, estafa y asociación ilícita para delinquir son algunos de los posibles delitos que ha detectado una de las investigaciones que desarrolla la Procuraduría, cuyo informe fue obtenido de forma extraoficial por LA PRENSA.
Los hechos revelan irregularidades en la venta del 40 por ciento de las acciones y del Contrato de Administración entre Enitel y el Consorcio Telia Swetel AB-Emce, del que algunos representantes también pueden ser indiciados.
En la lista se hallan dos diputados y uno de ellos ocupó un alto cargo en el gabinete económico de la administración pasada.
También figuran el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada; el ex presidente de Enitel, Salvador Quintanilla; y David Robleto, ex director de Telcor; los tres procesados por otros casos de corrupción.
El procurador Francisco Fiallos dijo anoche que están recabando pruebas en base a una denuncia, pero hasta el momento no tienen ningún indiciado.
Los documentos, a los que tuvo acceso LA PRENSA, detallan el origen del Consorcio Telia Swetel AB-Emce y demuestran que el capital accionario que vendió el Estado quedó en manos de empresarios hondureños.
La contraparte sueca sólo es responsable de la administración y desarrollo técnico de Enitel.
Según la investigación, la trama comienza en el momento que el Consorcio Telia Swetel AB-Emce, sin estar inscrito en el Registro Público, gana la adjudicación del 40 por ciento de las acciones de Enitel el 11 de septiembre del año pasado.
La junta directiva de Enitel informó que el consorcio precalificado había sido absorbido por otra empresa llamada Megatel de Nicaragua LLC, que sí está inscrita en el Registro Público Mercantil.
Sin embargo, la Ley número 210 (de Privatización) establece en su artículo 19 que la empresa o consorcio precalificado puede asociarse con empresas o consorcios, pero debe seguir siendo el representante y los asociados extranjeros deberán estar inscritos ante el Registro Público y designar un representante legal.
En ese sentido las investigaciones cuestionan el hecho de que el Consorcio Telia, al ser absorbido por Megatel, no procedió a inscribirse como socio extranjero.
También es cuestionable que Megatel, por ser representante legal de Telia ante Enitel en la Licitación, no fue precalificado ni le fue adjudicada la licitación.
ESTADO PAGÓ GARANTÍA DE TELIA
El proceso de transición, después de la adjudicación de las acciones de Enitel, también trajo irregularidades financieras en la compra-venta de valores con cartas-acuerdos y la aprobación de enmiendas que modificaron la forma de los contratos.
Los cambios obligaron a Enitel, mientras aún era del Estado, a pagar cinco millones de dólares al consorcio Telia por los servicios de administración y capacidad técnica, que luego fueron utilizados por ésta como anticipo y garantía para pagar el primer desembolso por el 40 por ciento de las acciones de Enitel.
Estos cambios, no contemplados en la firma del contrato original, fueron autorizados en su mayoría por el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada.