Violeta Pérez Guadamuz [email protected]
En los últimos días nuevamente hemos puesto en el centro del escenario el tema de los procesos de privatización que se han llevado a cabo en Nicaragua. Al respecto, ya no discutimos si es bueno o malo, simplemente lo tratamos como un hecho, lo que señala que hemos abandonado la creencia de que el Estado ideal debe ser benefactor y proteccionista, proporcionándonos a toda costa y al menor precio los servicios básicos.
Según las teorías económicas, la privatización de las empresas de servicios constituye un mecanismo de modernización, tanto del Estado como de la infraestructura necesaria para proveer dichos servicios. En el mundo actual, regido por los principios del neoliberalismo económico, donde el mercado ocupa el lugar fundamental, el Estado va adquiriendo nuevos roles; ya no será ejecutor sino regulador, y se encargará de planificar y velar por el alcance de los objetivos que acerquen al país al desarrollo económico y social.
Sin embargo, cuando este proceso se desarrolla en un medio renuente a abandonar las batallas políticas, característica principal de la arena donde se mueve la administración pública y la aplicación de las políticas en nuestro país, su ejecución estará determinada por un juego de fuerzas entre ciertos grupos con intereses particulares, prevalecientes sobre los intereses sociales, y el resultado nos aleja del desarrollo:
No se puede confiar en que las empresas públicas y los usuarios obtendrán los beneficios que se adjudican a la privatización, porque no podemos estar seguros que las empresas operadoras obtuvieron la concesión por mérito propio, es decir por tener mayor capacidad para realizar el trabajo.
No podemos afirmar que los fondos provenientes de los procesos de privatización serán utilizados en beneficio de nuestro país, porque hemos descubierto otros usos que se da a esos ingresos.
Finalmente, no podemos creer que los entes reguladores trabajan para los ciudadanos, porque siendo controlados por un gobierno que libra en su interior fuertes batallas entre facciones del mismo partido en el poder puede ser capturado por alguna de ellas y servir a sus intereses.
Desde esta perspectiva, puede entenderse que los nicaragüenses encuentren serias dificultades al aceptar la privatización de las empresas públicas. No es que seamos enemigos de las tendencias mundiales, o que tengamos algo en contra del neoliberalismo económico, simplemente conocemos nuestra realidad, y la corrupción gubernamental que vivimos los últimos años, nos hace desconfiar de cualquier proceso que involucre grandes sumas de dinero.
Por lo mismo, también podemos estar seguros de que la situación no sería mejor si las empresas se quedaran en manos del Estado. En ese caso, lo que tememos sea extraído de los fondos provenientes de la privatización para uso de particulares, también podría ser retirado a un plazo mayor de las empresas estatales, olvidándonos casi por completo de la reinversión en infraestructura y expansión de la cobertura.
El problema para los nicaragüenses, es y siempre ha sido, tener políticos más preocupados por ellos mismos que por la sociedad que los elige. Esto nos ha llevado a una situación de pobreza, sin precedentes en la historia de nuestro país, y la solución parece ser más complicada que el problema, porque involucra el ideal de cambiar los valores éticos de los políticos más poderosos, o imponerles restricciones más fuertes que su voluntad de enriquecerse.
Privatizar o no, no es una decisión que deba preocuparnos, particularmente estoy a favor de ello, el problema es cómo se implementa y como nos presentan sus resultados, y la experiencia nos ha demostrado que la transparencia, hasta ahora inexistente, sería la única forma de inclinar la balanza hacia una opinión favorable.
Es decir, el mayor reto que enfrenta este gobierno y los que le sigan, será despertar en los nicaragüenses la confianza en nuestra democracia, el creer que el gobierno actúa en beneficio de los ciudadanos; y si Privatizar, Liberalizar y Desregular, que son tendencias de la administración pública moderna, orientadas a reducir el aparato Estatal buscando hacerlo eficiente, son establecidas como políticas en nuestro país, por lo menos tenemos la satisfacción de creer que en un futuro no muy lejano habrá menos políticos que restringir y menos patrimonio que cuidar de ellos.
La autora es Master en Administración y Políticas Públicas.