Freddy Potoy [email protected]
De acuerdo a lo publicado en los últimos días sobre el proceso de privatización del 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), existen serias dudas de la transparencia con que se realizó dicha transacción entre el Estado y una compañía extranjera.
Estas dudas alrededor de la venta de Enitel plantean otro reto inmediato y sin demoras a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR), quienes tienen que velar por el uso correcto de los recursos del Estado.
Según se desprende de la documentación analizada por la PGR, hay por lo menos cuatro tipos de delitos cometidos por ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán. Si el proceso de privatización fue cristalino, transparente, sin ninguna mancha de corrupción, pues no hay por qué temer que este caso sea ventilado en cualquier instancia del Estado, llámese CGR, CSJ o los Juzgados de Managua, mediante un proceso en la vía penal para que se investiguen los hechos.
Si los señores dueños del 40 por ciento de Enitel consideran que todo fue apegado a la ley, deberán demostrarlo y explicar cada una de las situaciones que se reflejan en la documentación oficial en poder de la PGR.
Asimismo, la PGR deberá cuanto antes iniciar un proceso judicial contra quienes aparecen directamente implicados en el proceso de privatización de Enitel y llamar a declarar a aquellas personas que fueron testigos o que están relacionadas con la venta de las acciones de esta empresa del Estado.
Si bien es cierto Nicaragua necesita de los inversionistas extranjeros y de fuentes económicas para avanzar, eso no significa que el país deba pagar un precio muy alto entregando sus bienes mediante procedimientos poco claros y quedando cada vez más endeudado y a merced de foráneos.
Ojalá que la PGR no tarde en acusar y no en denunciar esta situación por la cual tiene que responder un buen número de personas allegadas al ex presidente Alemán. En algunos casos son los mismos personajes que aparecen mencionados en otros escándalos de corrupción, pero también se suman nuevas caras que deben explicar el caso ante los tribunales de justicia.
La PGR deberá decir si en el proceso de privatización del 40 por ciento de las acciones de Enitel fueron mal aplicados e interpretados la Constitución Política de Nicaragua, la Ley de Incorporación de Particulares en la Operación y Ampliación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y sus reformas que son las leyes 293 y 389.
Asimismo, se deberá analizar si hubo incumplimiento al Código de Comercio de Nicaragua, a la Ley de Contrataciones del Estado, a la Ley de Disposición de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos, así como al documento base de la licitación.
Así es que estamos frente a un nuevo escándalo con otro de los bienes del Estado que deberá ser resuelto. Es necesario que en Nicaragua las instituciones den más confianza a la ciudadanía.