- De 600 abogados que esperaban, sólo 350 acudieron a convocatoria pública realizada por la Fiscalía
José Adán Silva [email protected]
La convocatoria pública que hizo hace un mes la Fiscalía General de la República del Ministerio Público, para contratar a 32 nuevos fiscales, atrajo el interés de solamente el 58 por ciento del total de 600 abogados que, como mínimo, se esperaba que se inscribieran en el proceso de elección de fiscales.
Según la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, el Ministerio Público esperaba al menos que las 600 solicitudes se llenaran a nivel nacional, pero expresó que comprendía que debido al nivel de exigencia de la clasificación, muchos abogados podrían haber no optado.
“Esperábamos 600 para clasificar a 350 y prepararlos para llenar el déficit de personal. La demanda fue baja, sólo vinieron 350 cuando emitimos 600 solicitudes a nivel nacional para los cargos de fiscal departamental, regional y auxiliar”, dijo Bolaños, mientras explicaba el difícil proceso de elección.
EXIGENCIA Y BAJOS SALARIOS
Bolaños explicó que la poca asistencia quizás se deba a la exigencia de elección del Ministerio Público, y al conocimiento general de que el Estado paga poco a sus empleados. Actualmente un fiscal gana siete mil córdobas mensuales.
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la elección de fiscales se debe hacer por medio del “recurso de oposición”, en la que varios aspirantes compiten entre sí por sacar las mejores notas y clasificar para ser fiscales departamentales, regionales y auxiliares.
De acuerdo con la ley, los fiscales son funcionarios públicos que de manera oficiosa acompañarán a la población y al Estado en los procesos jurídicos que se ventilen de denuncias públicas; ellos acusan, investigan, aportan pruebas.
“MERITOCRACIA”
Bolaños destacó que este proceso de elección de fiscales rompe con el tráfico de influencia para nombrar funcionarios.
“Este proceso de elección rompe con el esquema de amiguismo que ha imperado en los procesos de elección de funcionarios judiciales, a quienes normalmente se les había venido eligiendo por intereses políticos, ahora tendrán que demostrar sus capacidades profesionales y ganarse un cargo por méritos propios. Esto se llama “meritocracia”, dijo Bolaños.
De los 350 aspirantes inscritos, hubo un proceso de elección producto del cual clasificaron 169, quienes tendrán que realizar un examen para demostrar sus conocimientos en materia judicial.
La UCA será el centro de estudios donde se efectuará el examen de clasificación especial de derecho, elaborado por docentes de esa prestigiosa universidad, con el cual los participantes podrán optar al cargo de fiscal, ya que serán los resultados del examen los permitirán realizar una preselección con base en las calificaciones obtenidas.
Posteriormente tendrán que efectuar un examen de aptitudes sicométricas y sicológicas, más una entrevista a profundidad. Será en noviembre cuando se darán a conocer los nombres de los clasificados, quienes deberán entrar en acción el primero de diciembre.
Actualmente la Fiscalía cuenta con 61 fiscales a nivel nacional, pero necesita 271, los cuales esperan ir contratando poco a poco según le asignen recursos en el Presupuesto General de la República.