Marco A. Valle Martí[email protected]
Una encuesta del Banco Mundial señala que el 90 por ciento de los empresarios expresan que la delincuencia es uno de los factores que más elevan los costos en América Latina. Mientras, en Argentina ha venido ascendiendo el sentimiento de inseguridad ya que en 1991 el 10 por ciento de la población se sentía insegura en su barrio, pasando al 37 por ciento en 1997 y, un sondeo efectuado en junio pasado expresa que aumentó al 50 por ciento. Empresa privada y población, entonces, están siendo impactados por el auge de la criminalidad.
Dicho clima se percibe también en México, donde por lo menos mil empresarios se han trasladado a vivir fuera del país, muchos de ellos residen en “aquel lado de la frontera” y “vienen entre semana a hacer negocios y luego se regresan los fines de semana”, mientras otros tienen sus familias en Canadá. Esta situación está incidiendo en la competitividad de las empresas debido al costo que representa el “ejército” de más de 30 mil guardas de seguridad privada, adquisición de camiones blindados, redoble de agentes privados que van en los camiones y, el aumento del precio de los seguros, etc.
No menos preocupante es que, según un estudio efectuado en México, cerca del 80 por ciento de los entrevistados expresaron que se sienten inseguros dentro de una sucursal bancaria, contribuyendo —en medio de un diálogo sobre seguridad— a que se eleven a niveles internacionales, las normas de seguridad.
Simultáneamente, en muchos países de América Latina, es común que uno de los primeros puntos en la agenda de la inversión extranjera es el grado de seguridad, que tiene bastante influencia en la decisión final. Igualmente, es una constante que ejecutivos de primera línea cobren una cantidad determinada sobre sus honorarios, debido al riesgo que representan algunos países. Análisis del Banco Interamericano de Desarrollo estiman en porcentaje, con relación al PIB, que el costo de la criminalidad en pérdidas materiales es Venezuela (9), Colombia (8.4), El Salvador (5.1), Brasil (3.6) y Perú (2), en transferencias (secuestros, robos, etc.) Colombia (4.4), El Salvador (4), México (2.8) y Brasil (1.6).
Otros estudios arrojan que el gasto público en seguridad y justicia criminal y, gastos en seguridad privada en Colombia fueron del 5 por ciento y 1.4 por ciento del PIB en 1996; asimismo, en Ciudad de México los gastos relativos a medidas de seguridad pública y privada sumaron 181 millones de dólares en 1995, y la administración de justicia y de prisiones gastaron 128 y 690 millones de dólares.
Entretanto, Centroamérica es cada vez más amenazada por el crimen organizado creando problemas de narcotráfico y consumo de drogas, tráfico de niños, contrabando, secuestros, robos a bancos y transporte de valores, siendo Guatemala, El Salvador y Honduras quienes, en general, sufren con mayor fuerza los golpes de la criminalidad. Y todo este panorama incrementa costos, incidiendo en la pérdida de competitividad de las empresas y naciones.
Nicaragua tiene uno de los mejores niveles de seguridad ciudadana en América Latina. Cuidémosla. Miremos estos casos y costos, e invirtamos esfuerzos para consolidar —o mejorar— ese nivel, por medio de una eficiente coordinación interinstitucional, que incluya la sociedad civil, optimizando la inversión en capital humano, recursos financieros y materiales, así como las energías de la población, nacionalmente y en las localidades.
El autor es Consultor en Seguridad Ciudadana.