- Denuncia la hicieron Leonel Téller y Rafael Córdova ante la Procuraduría
José Adán Silva [email protected]
Las denuncias por presuntas irregularidades en la administración pública contra funcionarios y ex funcionarios del pasado gobierno, en la llamada “Nueva Era”, siguen siendo el plato fuerte de los políticos nicaragüenses. Ayer no fue la excepción: una nueva denuncia se acuñó en la Procuraduría General de la República.
Esta vez la denuncia fue contra el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, y contra los contralores colegiados Guillermo Argüello Poessy y Francisco Ramírez Torres, por parte de dos fuertes críticos al pasado gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán: Leonel Téller, ex diplomático, y Rafael Córdova, ex auditor de la Contraloría General de la República.
En la denuncia se pide investigación contra el fiscal Centeno en la compra-venta de propiedades por parte del Estado al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) como resultado de instrucciones giradas por el entonces Presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo, a través de un acuerdo presidencial, para “garantizar el compromiso del gobierno de la República de titular a favor de los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense los terrenos asignados a su favor e integrarlos plenamente al proceso productivo y de reactivación del país”.
Los denunciantes presumen que en esta transacción hubo “perjuicio económico causado de manera intencional al Estado de Nicaragua por un monto de más de 34 millones de córdobas”.
“COMPRA DE CONCIENCIA”
Por su parte la denuncia contra los contralores Guillermo Argüello Poessy y Francisco Ramírez, la califican los denunciantes como “compra de conciencia” de Alemán, para supuestos beneficios personales, en el caso de los sobresueldos que recibían muchos funcionarios de la pasada administración.
Tanto Argüello como Ramírez han sido presidentes de la Contraloría y recibieron sobresueldos de 3,500 y 2,600 dólares mensuales, respectivamente.
“Consideramos oportuno que esa Procuraduría investigue si el Estado fue perjudicado por evasión al Fisco, evasión de pago al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y violación a la Ley de Régimen Presupuestario”, dijeron los denunciantes. La Procuraduría recibió la denuncia sin más comentarios, al igual que los aludidos.