- Escándalo sobre financiamiento de campaña PLC podría provocar “una situación incontrolable en el país”, dicen sandinistas
- Ética y Transparencia se declara en sesión permanente y convoca a expertos para estudiar caso
Consuelo Sandoval [email protected]
La anulación de las elecciones nacionales y la posible destitución de los electos flota en el ambiente político por una posible sentencia condenatoria de los tribunales penales contra miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a quienes pudiese encontrarse culpables del uso de fondos públicos para la campaña electoral.
La secretaria de organización de la facción arnoldista del PLC, Jamileth Bonilla, aseguró que su partido no está interesado en la anulación de las elecciones y descartó esa posibilidad, alegando que demostrarán en los juzgados que los fondos utilizados en la campaña provenían de una fuente de financiamiento lícita.
No obstante, algunos dirigentes del PLC, incluyendo el ex presidente Arnoldo Alemán, confesaron que usaron recursos de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), dinero que sirvió supuestamente para capacitación de sus activistas y la promoción del voto.
La cuenta del FDN no fue reportada oficialmente ante el Consejo Supremo Electoral, según declaró el magistrado Emmett Lang.
El tercer vicepresidente del Parlamento, René Núñez, no descartó la anulación del proceso electoral que podría arrastrar al presidente Enrique Bolaños y al vicepresidente José Rizo, recordando que la Ley Electoral establece penas de destitución del cargo a personas electas que hayan incurrido en delitos electorales.
“Desafortunadamente podría ocurrir la destitución de los implicados, ésa es nuestra preocupación, porque como se van presentando las cosas, aquí puede haber una situación incontrolable en el país”, advirtió Núñez.
SITUACIÓN PELIGROSA
La representante de la Sociedad Civil, Ana Quirós, calificó de “sumamente peligrosa”, la situación política del país, y rechazó la anulación de las elecciones, argumentando que quienes deben pagar son los que utilizaron recursos del Estado y no castigar a los miles de electores.
El presidente de Ética y Transparencia, Gabriel Solórzano, informó que ese organismo se declaró en sesión permanente y convocará a un equipo de expertos para hacer un profundo análisis de las implicaciones de la situación política del país que le permitirá sentar una posición oficial.
Por su parte, la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, informó que investiga de oficio la posible existencia de delitos electorales en la financiación de la campaña electoral del PLC.
Afirmó que llamó a declarar en calidad de “testigos”, al ex financiero de campaña del PLC, Leonardo Somarriba, y al ex gerente de campaña del presidente Enrique Bolaños, Miguel García.
LO QUE MANDA LA LEY
El artículo 104 de la Ley Electoral estipula que los aportes privados directos deberán depositarse en cuentas especiales abiertas en bancos del Estado, si los hubiere, si no en Instituciones del Sistema Financiero Nacional, por cada partido político o alianzas de partidos. A este efecto, se abrirá una cuenta para recibir los aportes destinados para centros de formación política y otra para campañas electorales.
La documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos será pública quedando esta documentación a disposición de la Contraloría General de la República.
El Artículo 177 de la misma legislación dispone que si los delitos fuesen cometidos por candidatos inscritos, se les cancelará su inscripción como tales y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos de uno a tres años. Si la comprobación de los delitos se diera cuando ya los candidatos estuvieren electos, no podrán ejercer el cargo para el que fueron electos.
PRETENSIÓN ARNOLDISTA
La ex diputada Mónica Baltodano opinó que si se demuestra que se usaron fondos del Estado en la campaña electoral liberal, habría base jurídica para una intentona de anulación electoral, que en su opinión es la pretensión de los arnoldistas para destituir al presidente Enrique Bolaños por emprender una lucha contra la corrupción.