Se equivocan quienes creen que es el Gobierno el derrotado con la reforma tributaria que aprobaron los diputados libero-sandinistas el miércoles recién pasado. El derrotado es el pueblo.
En un sistema de gobierno basado en la división de poderes, no se puede pretender que los diputados aprueben sin modificaciones las iniciativas del Ejecutivo. Pero una cosa es que les hagan modificaciones, inclusive que las rechacen —lo cual es parte del juego democrático— y otra muy diferente es que los cambios sean perversos, para contrariar al gobernante y dañar a la población que es la que siempre paga por los abusos, vanidades y estulticias de los políticos.
La propuesta de reforma presupuestaria que presentó el presidente Enrique Bolaños a la Asamblea Nacional tenía el objetivo de disminuir el tremendo déficit fiscal que dejó el gobierno anterior por su desmedida corrupción y escandaloso derroche de los fondos públicos; así como crear condiciones apropiadas para suscribir acuerdos con los organismos financieros internacionales que permitan captar recursos en condiciones favorables, y seguir alentando la inversión de capital privado, nacional y extranjero, que cualquiera sabe es la única que puede impulsar el crecimiento económico, generar empleos, producir riqueza y sacar a la mayoría de la población de la pobreza y la miseria en que se encuentra.
Sin embargo los diputados PLC y FSLN se confabularon para rechazar la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, y la aprobaron con modificaciones sustantivas destinadas a impedir que se reduzca la brecha fiscal deficitaria, a dificultar los acuerdos del Gobierno con el FMI y que el país reciba nuevos recursos externos, y a desalentar la inversión privada nacional y extranjera, que en los últimos meses se incrementó en unos trescientos millones de dólares gracias precisamente a la lucha contra la corrupción que están librando el Gobierno y la sociedad.
Los líderes libero-sandinistas dicen que le hicieron un gran favor a los pobres porque dejaron libres de gravamen todos los productos de la canasta básica y obligarán a los empresarios a pagar más impuestos, que según lo demuestra el señor Cornelio Hopmann en un artículo de opinión que publicamos en esta misma edición, ya aporta el 81 por ciento del IR declarado y retiene el 77 por ciento del IGV, mientras que los diputados a la Asamblea Nacional y la capa superior de funcionarios que reciben jugosos “estipendios” complementarios a sus sueldos, cuantiosas pensiones y jubilaciones, exoneraciones y otros privilegios, seguirán gozándolos sin tener que pagar los impuestos a que formalmente están obligados de acuerdo con la ley.
En realidad es el pueblo llano el que tendrá que pagar las consecuencias negativas de la reforma tributaria populista y demagógica que aprobaron los diputados arnoldistas y sandinistas, porque al no haber o retrasarse el acuerdo del Gobierno con los organismos financieros internacionales, tampoco habrá o vendrá muy tarde el financiamiento externo; y además, porque el aumento de las cargas fiscales a quienes invierten, trabajan y producen se agregará inevitablemente a los costos de producción y operativos que ya son los más altos de Centroamérica, lo cual se traducirá en desaliento y disminución de las inversiones privadas, despidos laborales, estancamiento salarial y supresión o reducción de beneficios para los trabajadores.
Los motivos de los diputados arnoldistas para aprobar la reforma tributaria perversa son comprensibles, aunque despreciables. Ellos pretenden castigar al presidente Bolaños (aunque en realidad a quien dañan es al pueblo) por su lucha contra la corrupción. En tanto que los diputados sandinistas, al coludirse con los arnoldistas para aprobar la reforma tributaria demagógica y perniciosa, son congruentes con su ideología socializante y, por supuesto, pretenden mejorar sus posibilidades electorales a expensas del deterioro de la credibilidad del sistema democrático de gobierno y de la imprudencia y falta de inteligencia política de los “liberales” arnoldistas.
Pero el presidente Bolaños tendrá que vetar esta ley de reforma tributaria populista, pues la alternativa que le dejan los diputados libero-sandinistas es hacer un recorte dramático del empleo público, e inclusive, de la manera que sea reducir al menos la mitad de los enormes gastos de los diputados, magistrados, contralores, fiscales y demás burócratas de primera que viven a lo grande a expensas de la pobreza del pueblo.