José Luis Medal [email protected]
La reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, afectará la inversión y el crecimiento, y no favorecerá a los sectores más pobres de Nicaragua. El aumento del 25 por ciento al 30 por ciento, de la tasa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, desestimulará la inversión y la creación de empleo, lo que afectará a los sectores más pobres, a los que supuestamente se pretende favorecer. Se ignoró al parecer, que el problema del IR no lo era la tasa sino la amplia evasión que tiene este tributo —evasión que va a ser fomentada por el aumento de la tasa—. Lo que correspondía, era por ejemplo, que los diputados pagaran el IR que les corresponde conforme la Ley, y no el haber incrementado la tasa.
Cabía también haber eliminado tratamientos especiales, como la excepción del IR al turismo, ONG y cooperativas, ya que no deben existir tratamientos discriminatorios. Los tratamientos fiscales especiales, producen corrupción y son además regresivos. Basta traer a colación, la clasificación como turismo, que se hizo de varias importantes construcciones comerciales. Y el problema no se corrige diciendo que lo que hay que hacer es aplicar estrictamente la ley, ya que existe una tendencia inevitable en los tratamientos fiscales de excepción, de generar corrupción. Y como en economía no hay nada gratis, lo que no pagan unos sectores, lo tienen que pagar los demás. El problema de la regresividad del actual sistema tributario debería de combatirse, además de eliminar los tratamientos especiales, reduciendo sustancialmente la evasión del IR y del impuesto sobre bienes inmuebles, y no aumentando tasas, ya que ello castiga a los pocos que ya están pagando y fomenta la generalizada evasión que existe en este tributo.
Los subsidios disfrazados a ciertos sectores no son convenientes. Si resultan imprescindibles algunos, los mismos deben incorporarse en el gasto público. La misma política debería de aplicarse con los rubros de la canasta básica. Respecto a esto último, cabe destacar que la decisión de la Asamblea, de establecer tasa cero del Impuesto General al Valor (IGV) a los 53 productos de la canasta básica, está creando un subsidio generalizado, que beneficia a consumidores de todos los ingresos, lo que es contrario a la política de que los subsidios deben ser focalizados para beneficiar únicamente a los más pobres. Para poner un ejemplo, en el sector rural, donde se encuentran los mayores niveles de pobreza de Nicaragua, no se consume pasta dental o papel higiénico o desodorante —productos cuyo consumo se está subsidiando a los ricos y a los sectores medios—. Técnicamente, la tasa cero debe aplicarse exclusivamente a las exportaciones, en base al principio de que los impuestos no se exportan y de que el IGV es un impuesto de consumo interno de carácter neutral. Lo que cabía era dejar exentos —y no a tasa cero— una reducida lista de bienes esenciales y focalizar mejor el gasto público a los sectores de menores ingresos con subsidios explícitos a los grupos más vulnerables.
Por lo demás los pobres rurales de Nicaragua y los consumidores del sector informal urbano, no serán beneficiados por la decisión de la Asamblea Nacional. Tanto el autoconsumo de los pobres rurales como la producción del sector informal —que consume los pobres urbanos—, están fueran del sistema de acreditación del IGV, por lo que no pueden beneficiarse de la tasa cero a la canasta básica. Respecto a las empresas del sector formal, estas últimas suelen tener más control sobre el precio de sus productos, por lo que difícilmente trasladarán el beneficio de la tasa cero a los consumidores y si lo hacen, beneficiarían a consumidores urbanos de altos y medianos ingresos y no a los pobres del campo.
En conclusión, la reforma tributaria aprobada por la Asamblea, al aumentar el impuesto sobre la renta, desestimula la inversión y la creación de empleos, y al crear un subsidio generalizado en la canasta básica no contribuye a la grave reducción del desequilibrio fiscal. Los pobres, supuestamente los beneficiados del populismo político, no saldrán beneficiados, máxime el retraso que esta decisión implica en las negociaciones con el FMI, lo que prolongará la actual fase de desaceleración económica.
El autor es economista.