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En estos días se pudo escuchar —desde el FSLN hasta la Coordinadora Civil— que le corresponda a los Grandes Contribuyentes, a los ricos, a cerrar la brecha fiscal, entre otros, incrementado el porcentaje del IR. Casi como reacción automática el otro lado se opone usando de nuevo, antes de todo, argumentos ideológicos como el clima de inversión etc.
Al parecer ninguno se ha hecho la molestia a indagar, quiénes de verdad pagan dichos impuestos y quiénes no. Como parte de un estudio he tenido acceso a datos originales de la DGI. Me metí a calcular y revisar, obteniendo resultados sorprendentes. ¡Los verdaderamente grandes pagan relativamente ya más impuestos de los que le correspondieran! El 1 por ciento superior aporta el 56 por ciento del IR declarado y el 36 por ciento del IGV retenido, el 10 por ciento superior en conjunto aporta el 81 por ciento del IR declarado y retiene el 77 por ciento del IGV, todas cifras muy superiores a su participación en la economía nacional de al máximo 40 por ciento.
Entonces es tanto falacia, que los grandes deberían aportar más, como defensa innecesaria el discurso de los impuestos supuestamente bajos como incentivo para la inversión.
¿Si los grandes sí pagan sus impuestos, quiénes son los que no pagan sus impuestos?
Son los siguientes 10 por ciento, donde se ubican entre otros los diputados de la Asamblea, los empleados públicos con complemento salarial, los profesionales con contratos de consultoría por medio de cooperación externa, los docentes de ciertas instituciones académicas exentos de cualquier pago etc., o sea, son todos los que deberían declarar en estos días y ya por costumbre no lo hacen, a veces pensando que cumplieron ya con su deber al aceptar la retención del anticipo del 5 por ciento. Hay que reconocer que pagar impuestos a este grupo sí le duele, porque reduce en forma significativa sus posibilidades de consumo, no así en el primer grupo.
¿Qué debe hacerse, para que este grupo pague, qué le corresponde?
Antes de todo, los evasores públicos deben cumplir con sus obligaciones. Sólo obligando a diputados actuales y anteriores más unos 140 complementados a cumplir con sus obligaciones fiscales actuales y pasadas, se obtendría ya un aporte sustancial. La excusa, que el gobierno les debe haber retenido no es válida ni exime del pago: es quien recibe, a quien corresponde pagar no a quien paga, de tal forma si no puedan presentar constancias de retención como cualquier asalariado, deben cancelar sus cuentas fiscales pendientes, salvo que quizás se les pueda perdonar las multas.
Como segundo, debe reestablecerse la solvencia fiscal como prerrequisito para ofertar o trabajarle al Estado. Esta constancia puede implementarse en forma moderna como un estado mensual de cuentas fiscales, que la DGI le remite cada mes al contribuyente, sirviendo el último estado del año fiscal ya como declaración tentativa de oficio. He calculado los costos de este servicio de la DGI al cliente y no sobrepasan los 21,000 $US al mes, o sea, minucia comparado con lo que se pueda obtener. Solamente de esta forma se puede cambiar la situación actual, en la cual solamente 1/4 de los retenidos declara al final debidamente sus ingresos.
Como tercero, deben eliminarse exenciones de hecho o de derecho, donde bajo protecciones desde Misión Internacional hasta ONG, un sinnúmero de profesionales nacionales o residentes reciban un aumento salarial sustancial a cuentas del erario, al no retenerles lo que se le retiene a cada médico en servicio público y cada maestro en la secundaria: el impuesto sobre la renta. Quien como ciudadano o residente quiere gozar de los mismos derechos como los demás, debe compartir también las obligaciones.
El autor es consultor en Informática.