- Malos manejos con fondos del CSE, incluidas donaciones por más de 300 mil córdobas a la Iglesia Católica
José Adán [email protected]
La Contraloría General de la República ya tiene lista la resolución institucional que señala presunción penal al magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, quien habría dado mal manejo a los fondos de ese poder del Estado.
Altos funcionarios de la Contraloría dijeron que la resolución, que firmarán los contralores en la sesión ordinaria de hoy, señala que bajo la presidencia de Rivas encontraron malos manejos en el CSE con fondos estatales, sin soportes ni justificación.
Entre las anomalías encontradas a Rivas está la violación de la Ley de Contrataciones del Estado, más el gasto de fondos para fines no autorizados al Consejo Supremo Electoral, los que tampoco fueron soportados.
Figuran donaciones por más de 300 mil córdobas a la Iglesia Católica, para financiar la publicación de documentos religiosos “sin ninguna vinculación a las funciones del CSE”.
La auditoría también revela gastos médicos escandalosos sin justificación ni soportes legales; y compras irregulares a una empresa ferretera a la que pagaron más de 1.5 millones de córdobas por la compra de 10 mil “ponchadoras” que entraron exoneradas de impuestos al país, por solicitud del CSE, y que luego aparecieron en venta en la ferretería.
El CSE, bajo la administración de Rivas, hizo pagos anómalos en concepto de publicidad y otros rubros, revela la auditoría.
Según la CGR, Rivas ordenó la compra de materiales de oficina a la empresa ferretera Mafesa, sin hacer licitación pública, como exigen las leyes de contrataciones del Estado.
Sólo en ponchadoras de mano, el CSE pagó a esa empresa 522 mil 229 córdobas el 29 de septiembre de 2001; en marcadores pagó 118 mil 752 córdobas y en lapiceros 12 mil 563.