Wilder Pérez R. [email protected]
El presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Centroamericanos, Jaime Arellano, habría solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una exclusión de procedimientos a la Ley de Contrataciones para la búsqueda de patrocinio y publicidad en instituciones privadas y públicas, pero recibió un no por respuesta de parte del presidente en funciones de la CGR, Juan Gutiérrez Herrera.
Gutiérrez señaló que “tal actividad no se adecua a ninguna de las causales de Exclusión de la Ley de Contrataciones del Estado (ya que) dicha actividad no es considerada de carácter adquisitivo, es decir, no es un bien o servicio que se derive de la necesidad administrativa de satisfacer un bien común, (al contrario), es una actividad comercial cuyo objeto para el Comité, es adquirir fondos para la realización de futuros proyectos; por tanto, no es competencia de la CGR otorgar autorización alguna a fin de que se realicen actividades comerciales de esta índole”.
En esta contestación, extendida el 23 de septiembre pasado, Gutiérrez descartaba cualquier respaldo por parte de la CGR a alguna donación injustificada que se hubiera realizado a favor de los VIII Juegos Centroamericanos, especialmente provinente de un ente del Estado.
Así, los miembros del Comité Organizador quedaron imposibilitados de solicitar apoyo económico instantáneo y fuera de los procedimientos legales con el aval de la CGR, tal como se pretendió en la carta de Arellano.
De haberlo logrado, el Estado habría quedado expuesto a pérdidas económicas sin justificación y sin la posibilidad de recurrir a un juicio por eso, ya que todo lo habría respaldado el ente fiscalizador.