Mario Arana, ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), ha anunciado que está “considerando seriamente una rebaja en el arancel (de la importación de la harina), porque (ese producto) está altamente protegido con el arancel y estamos considerando bajarlo a 10 por ciento, ya que actualmente se encuentra en 35 por ciento.” Agregó el ministro que en Centroamérica el arancel “anda entre 5 y 10 por ciento… y eso ayudaría a que hoy o en el futuro, especialmente, haya más competencia en el país.”
Es refrescante escuchar esas palabras del titular del MIFIC que, lo que quieren decir en concreto, no es más que el gobierno no tiene por qué andar encareciendo, a través de regulaciones arancelarias, el precio del pan al consumidor. Un arancel es una barrera a la importación. Entre más alta sea, más cuesta importar ese producto y más caro le llegará al consumidor final.
Como es sabido, en Nicaragua no se produce trigo, y éste, que es la materia prima para elaborar la harina —la que a su vez es la base principal del pan—, debe ser importado de los Estados Unidos. Las compañías fabricantes de harina locales importan el trigo a través de un convenio con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) a precios mucho más bajos que el precio internacional. El precio del producto terminado, el pan, está influenciado, en consecuencia, por el precio que pagan los panificadores a los molineros, y el precio que fijan estos por su producto, la harina, está influenciado no sólo por el precio que ellos pagan por su materia prima, el trigo, sino también por el arancel fijado por el gobierno.
El arancel, en otras palabras, viene a ser un determinante más del precio que pagan los consumidores de pan. Y el arancel, siendo una variable controlada por el gobierno, puede ser modificada por éste si actúa con decisión, como por lo visto intenta hacerlo el ministro Arana.
Si el arancel actual de la harina, que está en el 35 por ciento, es reducido al 10 por ciento, quedaría a niveles mucho más cercanos al que prevalece en los otros países del área. Eso significa que los productores de harina locales podrían tener que competir con harina importada, y para poder hacerlo tendrían que bajar el precio de su producto. Es de suponerse, entonces, que los molineros nacionales no han de estar muy contentos con el anuncio del ministro del MIFIC, pero, a su vez, podemos estar seguros que los consumidores sí estarán felices con el mismo.
El debate sobre si el gobierno debe o no “proteger” a la industria nacional no es del todo nuevo. Tiene siglos de existir en todo el mundo. Y hasta la fecha, los industriales en todas partes han sido muy hábiles para revestirse con el manto del nacionalismo para lograr la protección gubernamental. Esa “protección”, sin embargo, es a costa del consumidor, el que a final de cuentas paga el costo del proteccionismo a través de precios más altos en los productos que compra. El debate de si el gobierno debe proteger o no al consumidor es mucho más nuevo, y tiene, al igual que el otro, sus promotores y sus detractores.
Lo cierto es que el gobierno no debería hacer uso de su poder para beneficiar a unos ni para castigar a otros. Debería más bien ser neutro en materia económica, aunque la verdad es que en todos los países del mundo los gobiernos viven bajo una constante presión de grupos de interés, y en muchas ocasiones no son capaces de resistir esas presiones.
No existe mejor antídoto contra los precios altos que la competencia. Eso, por lo visto, lo entiende muy bien el ministro Arana, y por esa razón quiere introducir un mayor grado de competencia en el mercado de la harina. Nos parece excelente. Ojalá que el señor ministro no demore su decisión para que el precio del pan que consumimos los nicaragüenses esté influenciado únicamente por el precio del trigo en el mercado internacional y no por un proteccionismo indebido del mismo gobierno.