Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
Pienso que cada persona en Nicaragua desea profundos cambios en el orden político, administrativo, jurídico, económico, social y cultural con el objeto de crear o fortalecer los cauces racionales para la construcción de una Nación, de un Estado moderno y de una sociedad capaz de crear su propio sistema de vida político, económico y cultural.
Para hacer estas transformaciones debemos de crear “un espacio natural” (no forzado) de diálogo en donde los sectores políticos, sociales, económicos, sindicales, académicos, entre otros, puedan tejer un consenso mínimo para la creación de una voluntad y decisión política nacional en la creación de un Estado moderno con sus respectivas instituciones democráticas, reglas del juego y una nueva cultura política y jurídica. Mientras no haya un consenso y decisión política para crear una institucionalidad moderna y democrática que el país necesite, Nicaragua continuará caminando en un sendero confuso y errático, sin perspectivas de futuro.
Nicaragua tiene que enfrentar una transformación integral de instituciones y de pensamiento político. Esta transformación exige gran madurez, especialmente en la dirigencia y entre quienes tienen mayor acceso al poder, como también en la sociedad. En este proceso de transformación se debe de identificar los problemas agudos que tiene el país para superarlos.
Esta transformación es de naturaleza política, cuyo sentido es perfeccionar los instrumentos democráticos de representación y participación ciudadana, así como impulsar la democratización de los partidos políticos, contribuyendo a generar una institucionalización del Estado y un campo de acción genuino para la sociedad civil. El proceso de la transformación abarca, sin embargo, otras múltiples dimensiones que no pueden ser subordinadas, a riesgo de que las transformaciones políticas mismas pierdan sentido y eficacia. De allí que este proceso deba propiciar el avance de la descentralización, la construcción de un Estado democrático y social de derecho, la articulación y profesionalización de la Administración Pública, la transformación del Poder Legislativo, en el marco de una audaz y sostenible lucha contra la corrupción y de un esfuerzo por dar el máximo relieve a los valores y a la transformación cultural de la sociedad.
Es necesario pues, fortalecer el esfuerzo de promoción del Estado de Derecho y el fortalecimiento de sus instituciones fundamentales, ya que el valor de las instituciones es fundamental para el proceso democrático que vive el país; también es indispensable distribuir territorialmente el poder y promover la participación democrática más extendidas y gobernables; los partidos políticos deben sufrir una inevitable transformación, de modo que sus objetivos y funciones se hagan acordes con las demandas de la sociedad y del proceso histórico-cultural que experimenta el país; el Estado debe definir un plan estratégico de desarrollo nacional a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de dicha estrategia deben componerse de valores abstractos y de una interpretación de lo que su realización requiere. Todo ello implica un cambio de naturaleza del propio Estado y del pensamiento político y, por último, la transformación del país no puede ser concebida tan sólo como un esfuerzo de transformación formales con relativa coherencia interna, sino como un esfuerzo orgánico integral y continuo de cambios sociales, que ha de tener como premisas y como resultado esperable, un cambio cultural de gran dimensión para que la sociedad además de comprender los mismos se apropie de sus logros.
El autor es Catedrático de Derecho penal y Criminología.