- El abogado Pablo Beteta que asesoró negociación de Convenio Colectivo en Enel ganó más de tres millones de córdobas, sin que mediara licitación
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La contratación del abogado Pablo Beteta González como asesor de la Empresa Nacional de Energía (Enel) por 3.4 millones de córdobas estuvo precedida de una serie de irregularidades administrativas y financieras que incluyen violaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, según lo confirma un informe preliminar de la Contraloría sobre los contratos entre Enel y Beteta.
Beteta salió del país a raíz de que estalló el escándalo, hace unos ocho meses, y no ha regresado.
Según el documento de la Contraloría General de la República (CGR), entre 1998 y 1999 se firmaron cuatro contratos por un monto total de tres millones 390 mil córdobas entre Beteta y Enel, “sin haber efectuado el proceso de licitación privada tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado”.
El contrato fue suscrito el 12 de enero de 1998 por el gerente general de Enel, Mario Garache Castellón; Ernesto Espinoza Maradiaga, Director de Presupuesto y Finanzas, y Mario Peralta Narváez, gerente administrativo, con el abogado Pablo Beteta González por 3,350,000 córdobas para brindar servicios profesionales representando a Enel en la negociación del Convenio Colectivo de trabajo.
“Este contrato debió efectuarse a través de una licitación pública por el monto de dichos servicios. En los documentos soportes sólo se adjuntan cotizaciones con fechas posteriores a la firma del contrato”, precisa el informe de la CGR. Esas cotizaciones corresponden a fechas del 20 y 24 de marzo; y 22, 24 y 29 de junio de 2000.
LA PRENSA conoció, en enero pasado, que el auditor interno de la Empresa Nicaragüense de Energía (Enel), Mario Ismael Morales, inició en noviembre de 2000 una investigación sobre los pagos de unos siete millones de córdobas que se hicieron al abogado Pablo Beteta González, por servicios profesionales prestados a esa institución. Sin embargo, la misma no fue concluida.
A comienzos del año, Beteta justificó los pagos recibidos de Enel aduciendo que no había tiempo para licitar, porque se trataba de una demanda laboral que había que responder rápidamente. Reconoció que ganó “un poco más de siete millones” en esos contratos con Enel.
También dijo que sus pagos se hicieron conforme a derecho, según lo establecido en el Código de Aranceles Judiciales.
Sin embargo, la Ley de Contrataciones del Estado establece que toda adquisición de bienes o servicios que hagan las instituciones del Estado, superior a los 200 mil córdobas, debe hacerse por medio de licitación pública o privada.
En noviembre de 2000, el auditor Morales solicitó al presidente ejecutivo y secretario de la Junta Directiva de Enel, Mario Montenegro Castillo, las actas certificadas de la Junta Directiva donde se aprobaba el pago a Beteta, sin embargo nunca le fueron entregadas, según conoció LA PRENSA.
En los meses de mayo, agosto y septiembre de 1998 se efectuó pagos a Beteta por la suma de cuatro millones 750 mil córdobas, por asesoría a la comisión negociadora del Convenio Colectivo de trabajo 1998-2000.
Esa comisión estaba integrada por Mario Garache, Ernesto Espinoza, Mario Peralta y Vilma Madriz.
¿LO AUTORIZÓ BOLAÑOS?
Supuestamente estas autorizaciones de contratación fueron aprobadas por la Junta Directiva de Enel, que presidía el entonces vicepresidente Enrique Bolaños, hoy Presidente de la República.
Morales también solicitó el acta notariada en que la Junta Directiva de Enel aprobó pagos en los meses de agosto y septiembre de 2000 a Beteta, por la suma de un millón 300 mil córdobas, por asesoría legal dentro de la negociación de la demanda salarial.
Una carta del 17 de agosto de 2000, firmada por Garache, dirigida a Ernesto Espinoza, informa que la Junta Directiva autorizó contratar a Beteta para servicios profesionales en materia laboral, por un valor de cinco millones 500 mil córdobas.
De acuerdo con nuestras fuentes, en este caso se hizo “un remedo” de licitación en el que participó como licitante el señor Luis Morales Parajón, quien al mes de noviembre de 2000 no estaba inscrito en las listas de abogados y notarios públicos incorporados en la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, el auditor de Enel relató en su solicitud que a Beteta se le pagaban tres mil 500 dólares mensuales en la División de Distribución de esa empresa, pagos que fueron efectuados desde el mes de marzo de 1998 hasta octubre de 1999, para un total de 70 mil dólares.
“Estos pagos fueron amparados con contratos renovados cada seis meses, los que tienen el visto bueno del doctor Mario Garache”, sostiene la carta de Morales.
OTRAS «GANANCIAS»
Beteta también obtuvo ganancias de aproximadamente 60 millones de córdobas en los últimos dos años por servicios profesionales prestados a otras instituciones del Estado, de los cuales no pagó los impuestos correspondientes a la Alcaldía de Managua y a la Dirección General de Ingresos, según admitió él mismo.
En la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) Beteta ganó unos 20 millones de córdobas como asesor; en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) percibió 18 millones de córdobas, y en el Ministerio de Salud obtuvo 10 millones, según cálculos de la Dirección General Económica de la Alcaldía de Managua, quien le impuso un reparo de más de tres millones de córdobas por no haber declarado los ingresos que percibió.
Además, se le señala de ejercer de forma ilegal la actividad de servicios profesionales (asesoría) porque no está matriculado en la Dirección Económica de la Alcaldía para ejercer esa actividad.
El reparo le fue impuesto el 21 de septiembre de 2001, y el 28 de ese mes y año fue notificado del mismo.