Luis Felipe Palacios yMayda Isabel Melé[email protected]
Los 52 alcaldes del Frente Sandinista (FSLN), miembros de la Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos (ANAD), instaron ayer al presidente Enrique Bolaños a no vetar el Presupuesto General de la República de 2003 y pidieron al mandatario, además, respetar el monto asignado a las municipalidades.
“Instamos al gobierno de Enrique Bolaños a respetar y respaldar el monto aprobado como transferencia a los municipios y desde ya lo responsabilizamos por cualquier modificación, veto o reforma que merme el monto aprobado y en consecuencia le hacemos ver que las obras comprometidas y no cumplidas serán única y exclusivamente su responsabilidad”, dice un comunicado firmado por la junta directiva de ANAD.
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron a mediados de diciembre del año pasado, asignar 3.2 por ciento del Presupuesto General de la República del 2003 como transferencias directas a los 151 municipios del país.
Los alcaldes sandinistas, en reunión extraordinaria el pasado once de enero en la sede de la Secretaría del FSLN, en presencia de su máximo dirigente Daniel Ortega, acordaron incluso demandar al gobierno “mayores transferencias directas para nuestros municipios”.
CONDENAN COMUNICADOS
En el comunicado, los miembros de ANAD, denuncian y condenan “la publicación manipulada que de entrevistas fuera de contexto y firmas fuera de texto completo han sido realizados por Iinifom (Instituto de Fomento Municipal) como parte de una campaña política que confunde a la población y a los organismos internacionales”.
Una decena de alcaldes liberales, según campos pagados, dicen estar a favor de un veto de la Ley de Presupuesto General de la República, ya que argumentan que esa disposición legislativa, atenta contra una serie de proyectos a ejecutar en los municipios con los recursos de la comunidad internacional.
“Invitamos a Bolaños a cumplir con su promesa de despartidizar las instituciones de gobierno que como Inifom, FISE (Fondo Social de Emergencia) e IDR (Instituto de Desarrollo Rural), hacen uso de recursos para campañas políticas de intereses mezquinos y no nacionales. Esto también es corrupción”, aseguran.
“No es posible que más de 70 millones de córdobas se continúen gastando en asesorías, consultorías y demás gastos burocráticos en las instituciones anteriormente señaladas, en detrimento del desarrollo de los municipios de Nicaragua”, añaden.