Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Si la nueva propuesta presupuestal estadounidense es un indicio, la administración Bush parece estar dando pasos decisivos para establecer una relación militar abierta e íntegra con Colombia –exactamente el tipo de relación que Washington buscó tantas veces evitar.
En su presupuesto para el próximo año fiscal presentado esta semana, la Casa Blanca incluyó una solicitud por $110 millones en ayuda militar para Colombia. A diferencia del año pasado, este monto no tendrá un objetivo y un lugar preciso de aplicación. La intención es que vaya a cualquier unidad de las Fuerzas Armadas colombianas dedicadas a luchar contra el terrorismo en cualquier parte del país. No un cheque en blanco pero casi.
En términos monetarios la nueva solicitud aumentó menos de un 15 por ciento en comparación con la que todavía está por aprobarse del año pasado. Pero en términos de forma, Washington parece acariciar la idea de que es hora de levantar muchas de las restricciones del pasado para gastos militares y darle un millonario voto de confianza a los militares colombianos.
Esto representaría un cambio radical en la política estadounidense en un momento en que Colombia ya es el receptor de la mayor cantidad de ayuda estadounidense en seguridad destinada a América Latina desde la Guerra Fría.
Ha transcurrido escasamente un año desde que funcionarios en Washington empezaron a cambiar los términos del debate colombiano más allá de las drogas y hacia el terrorismo. Y hace cinco meses se convirtió en ley lo que había sido inimaginable por años: ayuda estadounidense destinada a las drogas podría empezar a ser usada en la lucha anti-insurgente.
La distinción entre dólares contra las drogas y dólares para combatir a «terroristas» es una distinción importante. Las diferencias surgieron durante un extenso período de tiempo, y perder de vista ese largo y complicado proceso podría hacer aún más peligroso el camino que Washington y Bogotá sigan ahora.
El conflicto colombiano es un complejo y violento embrollo de rebeldes de izquierda opuestos al gobierno, milicias de derecha –ambos financiados por lucrativas actividades ilegales, y todos ellos enfrentados a débiles fuerzas legítimas de seguridad–. Algunos en Washington han anhelado lanzarse a ayudar a Colombia por años. Pero el reconocimiento de las complejidades ha mantenido bastante limitado el papel de Estados Unidos.
Por mucho tiempo cualquier llamado a aumentar la ayuda de seguridad estadounidense a Colombia fue contrarrestado por persistentes voces en esta capital que advertían sobre un posible atolladero militar o una misión sin salida. En el ambiente post 11 de septiembre dichas voces parecerían más difíciles de oír en medio de los gritos a favor de una guerra global contra el terror.
Fuentes demócratas del Congreso advirtieron esta semana que a diferencia del año pasado, ahora estarán más dispuestos a cuestionar la propuesta del presidente Bush de combinar las campañas antidrogas y antiterrorista en Colombia. Pero resulta difícil oponerse hoy a una guerra contra fuerzas guerrilleras colombianas anti-gobierno, cuyas tácticas en muchos casos podrían fácilmente compararse a las de Al Qaeda.
De hecho, el conflicto en Colombia parece haberse empeorado en las últimas semanas. Muchos temen que será solo cuestión de tiempo antes de que elementos claves de la ayuda estadounidense –humana o material o ambas– se conviertan en blancos del conflicto. Cualquier pérdida de ese tipo no será fácilmente aceptable en este país, particularmente cuando muchos no han logrado superar la idea de que Colombia misma no ha estado dispuesta a llevar buena parte de la carga de su propia guerra.
Pero posiblemente nadie se opone en forma más vehemente a pasar de la ayuda anti- drogas a una asistencia militar más libre que los defensores de derechos humanos, preocupados por la asociación de militares colombianos con brutales grupos paramilitares de derecha. Dichos vínculos, dicen, ameritan castigos en vez de recompensas.
Imagínense entonces su sorpresa cuando la semana pasada el comandante del Ejército colombiano, el general Carlos Ospina, a la salida de una reunión en el Pentágono, insinuó que quienes critican a sus fuerzas armadas son portavoces de la propaganda guerrillera.
Tal vez el nuevo líder militar no sabe como desenvolverse en Washington. O quizás lo sabe y siente que Washington está ahora más interesado en verdaderos guerreros más que en reformistas que buscan mejorar su imagen.
En el nuevo mundo blanco–negro contra el terrorismo del Presidente Bush, Washington corre el riesgo de ignorar las áreas grises que lo hicieron reacio, durante tanto tiempo, a brindar más apoyo a Colombia. El reto para aquellos todavía dispuestos a plantear las preguntas difíciles sobre esta política es encontrar una forma de hacerlo sin que se les descarte por considerarlos estancados en el pasado, o peor, aliados con el enemigo.