- Procuraduría demanda que se paralicen embargos a bienes del Estado
Freddy Potoy Rosales [email protected]
Mientras los directivos de Agroindustrial Azucarera, S.A. (Agroinsa) mantienen su decisión de cobrar casi 10 millones de dólares (entre principal e intereses moratorios) por daños en su maquinaria que sostienen estaba asegurada, el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), continúa la batalla legal tanto en los juzgados civiles de primera instancia como en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que no deben dicha suma de dinero al reclamante.
Los abogados del Iniser introdujeron un recurso extraordinario de hecho ante la CSJ, contra la negativa de la Sala I del Tribunal de Apelaciones de Managua, que no le admitió un recurso y además, dictó una sentencia con fuerza definitiva de fondo declarando que el mismo (el recurso) era improcedente. Esto, según los abogados del Iniser, perjudica los intereses de la institución del Estado.
Asimismo, los abogados del Iniser piden a la Juez Tercero de lo Civil del Distrito de Managua, que declare nulo el embargo en bienes de la institución demandada. Este incidente de nulidad se presenta en base a las disposiciones de la Ley Creadora del Iniser, que establece que todos los bienes que forman parte del patrimonio del Iniser, son bienes del Estado, los cuales no pueden ser embargados.
PROCURADURÍA PROMUEVE DEMANDA DE TERCERÍA
Ante el mismo Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito de Managua, la Procuradora civil María Mercedes Aguilar Gallo, presentó (en nombre del Estado) una demanda ordinaria de tercería de dominio, en la que pide que se paralice el embargo de los bienes del Iniser hasta que no se resuelva mediante sentencia firme esta última demanda.
Aguilar Gallo sostiene que los bienes inmuebles embargados al Iniser por parte de Agroinsa, son propiedad del Estado de Nicaragua y por lo tanto no pueden ser objeto de subasta y deben quedar absolutamente excluidos y libres del embargo, ordenándose la cancelación de cualquier anotación que se haya realizado en el Registro Público.
También existe otro incidente de nulidad contra un documento que pretende ser un título ejecutivo y con el cual Agroinsa ha promovido su demanda millonaria, pero que no lo es porque nunca pudo el ex presidente del Iniser, Orlando Chávez Gil, haber reconocido ni negarse a reconocer posiciones, porque no tenía facultades para hacerlo, pues según la Ley Creadora del Iniser, para poder comprometer el patrimonio de esta institución, tenía que contar con la autorización del consejo directivo.
Por su parte, la ex magistrado de la CSJ, doctora Josefina Ramos, al ser consultada sobre el caso que ya se ventila en el Supremo Tribunal, dijo que los alegatos del Iniser deben ser resueltos apegados a Derecho, porque está en juego un patrimonio estatal que tanto la Procuraduría como el Iniser deben responder por el mismo.
“Me parece que es sumamente importante este caso y tiene una gran trascendencia porque Iniser y cualquier institución del Estado, frente a una demanda de un particular, debe vigilar y poner mucha atención de cómo se manejan los fondos públicos”, agregó.
Ramos indicó que se debió haber sometido a un arbitraje este problema y por esta vía decidir si estaban cubiertos o no los daños (en una póliza) que reclama Agroinsa. “Se recurrió a un artificio legal como es una supuesta confesión, para decir que se debía una supuesta deuda que ni siquiera fue discutida en arbitraje. Iniser no ha sido vencido”.