William Briones Loáisiga [email protected]
Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se dividieron ayer durante la aprobación del veto parcial al Presupuesto General de la República, cuando de 44 diputados de la bancada arnoldista, sólo 26 se opusieron al veto, tres lo hicieron a favor, seis se abstuvieron y nueve no se presentaron a la sesión.
La victoria del veto, respaldada por 52 diputados, estuvo precedida por la intervención de más de doce diputados durante la sesión de ayer, tanto para respaldarlo o rechazarlo, lo cual, presuntamente, abre las posibilidades de que Nicaragua sea considerada viable para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pedro Joaquín Ríos, de la bancada arnoldista, reprochó a los sandinistas que hayan respaldado el veto al presupuesto. “Esa es la prueba de fuego. Mal hacen recordando a Sandino haciendo lo que están haciendo hoy, no rechazando un veto inconstitucional”, advirtió.
“Este veto, que tenía una exposición de motivos penosa y que vetaba todo el contenido del proyecto, no fue presentado al Plenario ni enviado a (la) Comisión (Económica), sino que la Primera Secretaría recibió el 13 de febrero una carta de remisión, un nuevo texto de expresión de motivos y un nuevo texto de la ley, porque cambia el articulado. Es un nuevo veto porque tiene esas características. Es inconstitucional”, insistió.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez explicó que con la aprobación del veto y de la tasa impositiva “aumentamos 110 millones el techo de ingresos y 10 millones por la vía de reasignaciones, que dan un movimiento general de 120 millones de córdobas, que benefician en no menos de 81.7 millones para salarios en salud; 20 millones al magisterio nacional, incrementamos el salario a miembros del Ejército y asignamos partida a la Policía, en la primera parte”, detalló.
“La segunda fase de los gastos recurrentes, que se va a hacer con la nueva reforma tributaria integral, garantizará adicionar 51 millones para las universidades; 40 millones a salud; 15 millones al magisterio; 6.5 millones al Ministerio Público, además de beneficiar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, explicó.
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