José Miró[email protected]
El fundamento de los derechos humanos es la vida. Este es el paradigma de nuestro tiempo, el que nadie discute. Pero la vida necesita del nacimiento, del derecho a nacer. En España las normas legales que despenalizan el aborto en determinados supuestos lo impiden.
Legalmente, hasta transcurridas 12 semanas, ningún ser humano no nacido está a salvo.
Esta conculcación del derecho a nacer corroe toda nuestra concepción sobre la vida y la reduce a una cuestión instrumental en función de su utilidad. Esto es sumamente peligroso porque destruye el fundamento sobre el que se asienta la sociedad y el sentido que la guía. Convierte el lugar más seguro, más acogedor, de nuestro imaginario colectivo, el seno de la madre, en un lugar de muerte. Así han degradado radicalmente el sentido de la maternidad y de la vida. Ésta ya no es un fin sino un medio que se asume o suprime en función de su oportunidad. La razón de quebrantar el derecho a nacer es vacua, insostenible: se considera al feto algo distinto a un ser humano.
Esto es tan inconsecuente que nuestro propio derecho lo niega.
Así, la ley de 1995 sobre el Código de Sucesiones de Cataluña se refiere a la “persona concebida y no nacida”. ¡Qué absurdo! Tiene derechos pero carece del fundamental, el de nacer. Incluso los embriones sobrantes de la reproducción asistida están más protegidos que un feto, porque su destrucción está prohibida con independencia de su estado.
El absurdo y la inconsecuencia se prolongan con los plazos. Se puede matar hasta las 12 semanas, pero está penado en el instante siguiente. ¿Acaso existe un momento en el que el feto pasa de no ser humano a serlo? Es obvio que no. No hay grados en esto, ni término medio. Se es humano o no se es.
¿Ser persona depende de la capacidad? ¿Lo es menos un discapacitado físico o psíquico? Claro que no. Éste era el fundamento de nuestra civilización, el gran cambio alcanzado.
Entonces, ¿por qué se decide que es legal abortar en función de las capacidades humanas del feto que constituye el preludio ineludible de ser quienes somos?
Todo esto no aguanta la más mínima lógica, como lo constata el hecho de que el 97 por ciento de los abortos sean en razón del riesgo de la salud, sobre todo psíquica, de la madre. Por tanto, cada año en España, del orden de 60,000 mujeres tienen una salud mental tan frágil que permite justificar un acto tan extremo como el de abortar. O existe esta elevadísima tasa de problemas de salud psíquica y por tanto debería haber un programa de prevención y tratamiento para atenuarla, o se trata de un burdo engaño que comete fraude de ley.
En ambos casos las autoridades sanitarias quedan en un décimo lugar. ¿Cómo es posible que exista tanta atención, pongamos por caso, por un vertido contaminante en un río —un delito— y plena tolerancia para el aborto fraudulento? ¿Vale menos la vida humana?
Porque hoy el aborto es un negocio, un mercado en auge por explotar donde la ley es incumplida sistemáticamente, no sólo en los supuestos sino en los plazos, como lo manifiestan informaciones recientes en los medios de comunicación, que han denunciado clínicas bien concretas. No importa las semanas de embarazo. Simplemente es más caro. Y esta vulneración perseguible de oficio se da de forma conocida sin que policía, fiscales y autoridad sanitaria se den por aludidos. ¿Hasta cuándo?
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