Alfonso Efraím Castellón Ayó[email protected]
Es una lástima que haya tenido que recorrer tantos caminos el caso de la niña (Rosa), cuando es el Gobierno quien tiene obligación de atenderla y protegerla integralmente. La opinión pública se enfrascó en discusiones baldías. Y no es la Sociedad Civil la que debe responder sino el Estado.
No sé porque hay aquí la mala costumbre (de los nicaragüenses) de enredar las
cosas; especialmente cuando están completamente claras, por disposición de la ley.
De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia o Ley 287 desde sus
considerandos I, II, IV, VI y en especial Artos. 5, 12, 14, 33, 39, 42, 56, 58, 82, 84, 85, 106, 124 Inc. a) y e). Corresponde al Estado, la protección integral y atención al niño y adolescente en casos como el citado.
En otras palabras “La política nacional de Atención y Protección Integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es de naturaleza pública y se formulará y ejecutará a través de un Consejo Multisectorial establecido ¡por el Estado”! Y luego continúa mencionando a la Sociedad Civil Organizada, agrupaciones familiares, escuelas, comunidades en un plan meramente enumerativo para señalar quienes pueden formar parte de dicho Consejo, a efectos de su composición colegiada.
La ley no deja vacíos como para interpretar que es “agrupación civil alguna” quien deberá dirigir este consejo.
No; por el contrario, recae en el Estado la responsabilidad de establecer quienes formarán ese “Consejo Multisectorial”. La niña afectada con este flagelo no debía correr ningún chance en el cual peligrara su vida. El Estado debe decidirse a tomar en cuenta que no se pueden seguir violando los derechos que tiene esta criatura. Hay que respetar su vida íntima.
Pero finalmente una Organización No Gubernamental se salió con la suya, pues en conferencia de prensa dieron a conocer (el viernes recién pasado) que ya se le practicó el aborto a la niña. Con ello debo concluir: Es estos casos hay que ser serios, humanistas y compasivos. Procurando respetar a la niña, su derecho a una vida con privacidad y el derecho de sus padres a ejercer su sagrado deber familiar: De velar por la vida de su hija.
No obstante y como dije al comienzo, la ley es clara y habla de un Consejo Multisectorial no de agrupaciones especificas, el que debe dictar las medidas para dar la atención y protección integral a la criatura.
El Código de la Niñez y la Adolescencia es claro y no admite “ambigüedades”, no había que ponerle espuelas a este delicado asunto y es el Estado el llamado a establecer el Consejo Multisectorial (Arto. 56) y el que tomará las medidas de protección para el niño y adolescente en peligro (Arto. 82).
Hay que cumplir con lo preceptuado en las leyes. Ahora corresponde a las autoridades asimismo, investigar quienes practicaron el aborto y todo lo que este mismo envuelve, verificando a través de una junta de médicos nombrada conforme el Código de La Niñez y la Adolescencia, si la niña se encuentra fuera de peligro. Y las consecuencias legales (en el sentido penal) que deberán enfrentar los responsables de dicho acto. Es una pena que haya tenido que sufrir tanto la niña (Rosa) y sus atribulados padres.
El autor es abogado y notario público.