- La acusación se está cayendo porque ninguna institución se responsabiliza por los libros del PLC
- Ahora hasta la Fiscalía, que fue la que acusó, dice que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer
José Adán Silva [email protected]
Han pasado ocho meses desde que la juez primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez ordenó una auditoría para investigar la denuncia por delitos electorales contra el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) durante las pasadas elecciones, y hasta el momento nadie se ha responsabilizado por buscar la información que puede revelar si hubo o no anomalías en ese caso.
La Procuraduría General de la República guarda completo silencio, mientras la Contraloría dice que no puede hacer nada mientras el Consejo Supremo Electoral no le envíe los libros financieros del PLC que ahora ese poder del Estado dice no tener. Y para colmo, la Fiscalía General de la República, que fue la que acusó inicialmente, también se lava las manos.
Primero fue la Contraloría General de la República. El presidente de esa institución, Francisco Ramírez, anunció que probablemente no podrán cumplir con la auditoría ordenada por Méndez por no contar con los libros financieros que manejó el PLC durante la pasada campaña electoral.
Ramírez dice que el responsable de proveer esa información debería ser el Consejo Supremo Electoral, pero éste, seis meses después de que se le pidió la información, ha roto su silencio para decir que no tienen ésta ni la manera de conseguirla.
Mientras estas dos instituciones deslindan responsabilidades, la Procuraduría General de la República, que ejerce la función constitucional de abogado del Estado, guarda absoluto silencio sobre el caso.
FISCAL: NO ES COMPETENCIA NUESTRA
La Fiscalía General de la República se ha sumado a las instituciones que no quieren saber nada de la solicitud judicial sobre los delitos electorales, a través del fiscal general Julio Centeno Gómez, quien dijo que ya no era competencia de esta entidad buscar esa información, a pesar de que fueron ellos quienes acusaron por delitos electorales al presidente Enrique Bolaños y al vicepresidente José Rizo, así como a 30 personas más que estuvieron vinculadas al PLC durante la campaña electoral de 2001.
“Eso es de la competencia de las dos instituciones (Contraloría y Consejo Supremo Electoral) y de sus respectivas responsabilidades, en su momento nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nos dirigimos a la Contraloría General de la República, como lo manda la ley, de conformidad con el inciso uno del artículo 10 de nuestra Ley Orgánica: investiguen y nos mandan su pronta resolución”, dijo Centeno, cuando se le consultó sobre el tema.
“Me imagino que la Contraloría se ha dirigido a su vez al Consejo Supremo Electoral, y ahí es donde nace la fricción entre ellos, pero creo que se está superando”, opinó el fiscal, quien reconoció que está dentro de sus funciones, de acuerdo con las leyes de su propia Ley Orgánica, el exigir la búsqueda de esa información.
“Sí, hasta cierto límite, pero en este caso son ellos dos (CGR y CSE) los que están en esa situación que no les llega la información solicitada. Como le digo, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y por eso es que iniciaron todas las situaciones legales ante la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (para procesar a Bolaños y Rizo)”, dijo Centeno.