Cristiana Chamorro [email protected]
Es justo reconocer que el año pasado el presidente Bolaños envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Acceso a Información Pública, aunque allí quedó engavetado. Aparentemente no es prioridad del Ejecutivo.
No aparece en el paquete de reformas al Estado anunciadas como la próxima batalla del Presidente.
Sin embargo, la urgencia de una Ley de Acceso a Información Pública fue noticia el Día Internacional de la Libertad de Expresión. El periodismo aprovechó oportunamente la ocasión para recordarle al gobierno este compromiso pendiente con la institucionalización de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la plena vigencia de la libertad de expresión.
No hubo reacción gubernamental al recordatorio. Entiendo su silencio no por falta de voluntad política, sino por desconocimiento.
Es una ley que se percibe como un instrumento de los periodistas y no como un derecho humano. Segundo, la centenaria cultura nacional de secretismo impide considerar los alcances de dicha ley como garantía de probidad pública y privada. Tercero, las mayorías ciudadanas al igual que el Gobierno creen que dar información es obligación del periodismo y en consecuencia la presión es sobre los medios y no las autoridades.
En síntesis, el desconocimiento popular y gubernamental en esta materia me obliga a realizar un ejercicio público y preguntarme: ¿Qué importancia tiene en mi vida el acceso a información pública?
Para mí los partidos políticos son un componente vital de la democracia y necesitan financiamiento público y privado para consolidarse como instituciones democráticas. Lamentablemente, el mayor escándalo de corrupción en Nicaragua se asocia al supuesto financiamiento ilegal millonario que recibió el partido de gobierno (PLC) a través de una fundación creada por el ex mandatario y ahora reo Arnoldo Alemán para lavado de dinero con fondos del Estado nicaragüense, en su beneficio personal y del PLC.
El hecho tiene además al Presidente y Vicepresidente de la República en el banquillo de los acusados por fraude contra el Estado y delito electoral.
A nueve meses del escándalo las autoridades del Gobierno y del partido siguen alegando desconocer el origen de los fondos y no hay ley que los obligue a dar esa información.
Independientemente de la supuesta inocencia del mandatario, el presunto dinero ilegal utilizado en su campaña cuestiona la sanidad de los partidos políticos, asocia la participación política cívica y del empresariado con negocios sucios. Evidencia que la política es un mercado de influencias y corrupción que sirve para desprestigiar la administración pública y la salud de la democracia.
Todo por no poder saber quién financia la democracia. No tener acceso a esa información en lo personal me afecta porque el desencanto ciudadano con los partidos políticos facilita el regreso del autoritarismo caudillista al poder. Me obliga a cuestionar la legitimidad de los partidos, limita mi derecho a tener un proceso electoral transparente, justo y seguro de que las próximas elecciones no van a ser financiadas por el narcotráfico y el terrorismo internacional. Y eso me deja sin opciones políticas.
La autora es periodista.