Rómulo Sánchez Leytó[email protected]
La política fiscal es una herramienta de la política económica. En los países en desarrollo (PED) ha servido para compensar la movilización de capitales, dado lo reducido y desorganizado del mercado de capitales. La medida principal ha sido el instrumento impositivo, sean éstos directos o indirectos. Los impuestos indirectos constituyen la mayor fuente de ingresos fiscales (regresividad). Son más sencillos de recaudarse, y los que tienen menos aportan más.
La imposición en PED ha perseguido dos propósitos. El primero es, que la desgravación y el incentivo fiscal promueva las inversiones y la empresa privada. Sin embargo, la experiencia señala, que los tratamientos especiales no siempre tienen resultados positivos. Crean distorsiones, apadrinan la evasión y la corrupción.
El segundo, de más importancia, es la de proveer recursos para financiar el gasto público. Independiente de la ideología política y económica que prevalezca en los PED; el bienestar social y económico depende de la capacidad que tenga el Estado para financiar sus programas de servicios públicos.
En general los ingresos fiscales potenciales de un país dependen de: el nivel de ingreso per cápita, la inequidad en la distribución de la renta, la estructura económica del país, el marco social y político; las cuotas de poder entre los diferentes grupos, así como la eficiencia e integridad con que se administren los impuestos.
En los PED en general se paga poco impuesto sobre la renta. Se señala que sólo tres por ciento de la población lo hace. Mientras en Países Desarrollados (PD), entre el 60 y el 80 por ciento pagan impuesto sobre la renta. América Latina —y Nicaragua no es la excepción—, le caracterizan grandes desigualdades de renta y de concentración de la propiedad. Una gran determinante de la desigualdad. Eso significa que hay márgenes para incrementar los ingresos fiscales por impuestos directos. Sectores de elevadas rentas pueden sustentar incrementos recaudatorios. Existen agentes económicos que realizan grandes transacciones y pagan, tasas irrisorias, bajo el subterfugio de “cuota fija”.
El impuesto a la propiedad puede corregir las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En muchos casos, el problema no está en la eficiencia del Estado para recaudarlo, como en la influencia política y económica de los grupos de poder. Por tanto, debe haber “voluntad política”, tanto de obtener recursos públicos de las fuentes más accesibles; como de financiar con ellos los programas de desarrollo.
Los “paraísos fiscales” permiten que las empresas multinacionales puedan trasladar sus beneficios de un lugar a otro, mediante la transferencia de precios. Así disminuyen sus contribuciones fiscales sin variar las ganancias totales. Una empresa que exporta a una filial, donde predominan impuestos bajos, factura a precios artificiales para reducir los beneficios de la empresa y aumentarlos en el país de impuesto alto. El impuesto sobre la ganancia en los PED alcanza cerca del dos por ciento del PIB y un seis por ciento en los PD. La explicación es que en los PED existe poca actividad empresarial, desempleo y los Estados tienen que ofrecer todo tipo de incentivos y desgravaciones fiscales para las empresas industriales o comerciales. El caso de las Zonas Francas es un típico ejemplo. No se grava la ganancia y están exoneradas de pagar impuestos.
El impuesto sobre las exportaciones puede ser una forma eficaz de gravar los beneficios de las empresas productoras, incluyendo a las empresas multinacionales establecidas en el país y que realizan transferencias de precios. Sin embargo, los impuestos a las exportaciones (que generen más ingresos fiscales) no pueden aumentar, a tal punto, que desestimule a los productores locales de incrementar su producción. Por motivos de equidad, resulta mejor, gravar el consumo superfluo de los grupos de renta alta y no los bienes masivos de consumo.
El principal escollo al que se enfrentan los países como Nicaragua, es la capacidad de administrar los impuestos. Se requiere una legislación apropiada, eficiencia e integridad de las autoridades fiscales que han de aplicar las leyes. Nadie es amigo de las imposiciones, el fisco no es popular, pero la “moral tributaria” de una sociedad, puede ser influenciada con la gestión eficiente y honesta de los recursos fiscales.
La corrupción generalizada, la malversación del erario, los mega sueldos, o la incompetencia en la administración fiscal, desmoraliza a la población e incentiva la evasión y el mercado negro. Ni la mejor ley fiscal puede evitar la colusión entre los contribuyentes y su administrador. La integridad es el requisito supremo de incrementar los ingresos y utilizar plenamente el potencial impositivo de un país.
Modificar las estructuras impositivas regresivas (típicas en los PED), depende de la capacidad del Estado, para extender sus “redes impositivas”, cubriendo a los grupos con rentas más altas y minimizar la evasión fiscal de personas naturales, empresas (nacionales y extranjeras). En Nicaragua no todos los que deben pagar lo están haciendo. En PD la evasión es castigada con multas monetarias y la cárcel. Eso determinaría la eficacia del sistema impositivo, que busca generar ingresos para financiar programas de desarrollo y “derramar” renta de los grupos con ingresos altos a los grupos con rentas bajas.
El objetivo de crear riqueza, reducir la pobreza y buscar la equidad en la distribución de la renta, apuntan hacia el desarrollo de un país; siempre y cuando, la reforma fiscal no se vuelva esclava de la política y los grupos de poder. Un balanceado sistema tributario, contribuye al crecimiento y el bienestar de las naciones. La institucionalidad en la gestión pública es sustancial para tal fin.
El autor es doctor en Economía.