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Uno de los problemas que enfrenta el hospital psiquiátrico José Dolores Fletes, en Managua, es el caso de pacientes “institucionalizados”, a quienes sus familiares abandonan a su suerte.
La trabajadora social, Verónica Álvarez, manifestó que hay casos de pacientes que han sido remitidos por los juzgados, por haber incurrido en algún delito, pero que fueron sobreseídos por su problema mental, pero las familias los rechazan por el hecho cometido.
Uno de ellos, es Sergio Sánchez, quien desde el 10 de febrero 2000 fue abandonado por su familia. Su madre se fue a Costa Rica y lo dejó al cuido de su abuela.
Marvin Lumbí, es otro a quien “la familia lo quiere dejar institucionalizado”, siempre que es ingresado en ese centro llega referido de un hospital o de un centro de salud y con el apoyo de firmas de la comunidad.
“Porque el paciente da problemas de manejo de la comunidad y la familia ya no lo quiere tener en la casa”, indicó la trabajadora social quien recordó que cada vez que el paciente está de alta, los parientes alegan ante la dirección que requiere de más tiempo internado.
Marvin Calero Oporta, es considerado un caso legal, debido a que mató a una hermana suya, ingresó a ese centro desde el 13 de febrero del 2001. Aunque por su enfermedad fue sobreseído de culpa en los Juzgados, es casi abandonado porque esporádicamente le visita una hermana suya. Pero tampoco se lo llevan, después del crimen.
Otro caso similar es el de Alberto Alfaro, también le quitó la vida a un hermano suyo, está sobreseído de culpa por su enfermedad, pero la comunidad lo rechaza. Ingresó desde el cuatro de mayo del 2001.
Julio Villavicencio, permanece desde el año 93, fue abandonado por sus parientes después que su madre falleció.
Noel Rodríguez, asesinó a su madre, ingresó desde hace cuatro años y fue sobreseído por los tribunales, pero sus parientes lo rechazan.
Leoncio Polanco, igual asesinó a su padre, permanece desde abril del 99 y muy pocas veces lo visita una hermana.
“Si las familias asumieran se los podrían llevar, porque con sus tratamientos pueden estar en sus casas, pero como las familias después de lo cometido no asumen, los tiene que asumir el hospital”, expresó la trabajadora social Verónica Álvarez.